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Más de 2.000 multas en Canarias tras la entrada en vigor de la Ley Mordaza

La magistrada y portavoz de Jueces para la Democracia en Canarias, Carla Vallejo, critica esta ley por la lesión que supone a derechos fundamentales como la presunción de inocencia.

efe

Las Palmas de Gran Canaria

Se cumple el segundo aniversario de la entrada en vigor de la polémica ley orgánica de protección de la seguridad ciudadana, la conocida como "Ley Mordaza". Una norma establecida por el PP y que según los primeros datos oficiales sobre los resultados de su aplicación en Canarias hubo 2.026 multas o sanciones durante el primer año desde que entró en vigor. De ellas, 1.137 fueron de carácter grave, en su mayor parte por casos desobediencia o resistencia a la autoridad o a la negativa a identificarse ante la Policía. 

A la portavoz de Jueces para la Democracia, Carla Vallejo, le sorprende "la habitualidad con la que se están sancionando lo que antes no era una infracción administrativa como es la falta de respeto a los agente de la autoridad", algo que estaba catalogado como una falta penal previo al establecimiento de dicha Ley.

El colectivo judicial se muestra crítico con que con esta norma ahora prevalezca el testimonio de los agentes frente al del ciudadano. Vallejo lo tacha de ataque contra los derechos fundamentales, como puede ser el de la presunción de inocencia y aporta un dato: "esta Ley ha elevado de 27 a más de 40 las infracciones de la ley de seguridad ciudadana". Cifras que alarman a la magistrada ya que, según sostiene, "en este país no hay ningún problema de seguridad ciudadana".

Una norma cuya aplicación estuvo envuelta en la polémica y sobre la que recae el peso de ser posiblemente inconstitucional en algunos de sus aspectos, como recalca Vallejo. La portavoz se muestra preocupada porque en las Islas "hayan aumentado las estadísticas por tomar imágenes de actuaciones policiales, no sólo a particulares si no también a periodistas por informar". Con la aplicación de esta norma se pueden incurrir en infracciones de hasta 600.000 euros.

 
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