"No fue una conspiración, es una venganza"

Zaragoza

Por primera vez desde que fue despedida, habla en un medio de comunicación, la notaria del Tribunal Interdiocesano de Zaragoza. Mari Carmen Amador fue fulminantemente apartada de su puesto por lo que ella considera una venganza al haber remitido informes al Papa de las presuntas malas praxis del anterior Arzobispo de Zaragoza. Informes que, recordamos, le costaron la destitución al entonces arzobispo Manuel Ureña. Fuentes del Obispado lo niegan y remiten a que el asunto está sub iudice.

El caso está ahora en los juzgados tanto eclesiásticos como civiles, pero ha provocado además la dimisión del vicario judicial Roberto Ferrer y del sacerdote y profesor del Centro Regional de Estudios Teológicos de Aragón, Antonio Más, también autores de estos documentos encargados por el Vaticano. Los dos consideraron injusto el despido de la notaria.

Mari Carmen Amador llevaba 16 años en su puesto de notaria del Tribunal Interdiocesano. Experta en derecho canónico,  nunca había recibido quejas por su trabajo, pero el 30 de junio del año pasado, cuando solo llevaba 6 meses en el cargo el actual arzobispo Vicente Jimenez, la notaria recibió la comunicación de su despido. Lo que al principio fue calificado como pérdida de confianza en ella, cuando acudió a negociar buscando un acuerdo en el Servicio Aragonés de Mediación y Arbitraje (SAMA), se convirtió en "conspiración"·.

Para las autoridades de la Iglesia, según dijeron en el órgano de mediación, Mari Carmen Amador formaba parte de un grupo de presión que quería acabar con el anterior Arzobispo. Ella lo niega y asegura que "sólo cumplió con su trabajo".

Según explica, asesores de la curia romana como Juan José Omella -actual obispo de Barcelona- o el jesuita Germán Arana, les pidieron tanto a ella como a los otros dos sacerdotes que elaboraran informes sobre las actuaciones del entonces arzobispo, Manuel Ureña. También participó en esa recopilación el ex arzobispo Elias Yanes.

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El contenido de esos documentos acabó costándole el puesto a monseñor Ureña, que fue destituido por el Papa Francisco, el 13 de diciembre de 2014, aunque el Obispado nunca reconoció este extremo y lo justificó como "una renuncia por motivos personales".

Según ha contado a la SER Mari Carmen Amador, el contenido de esos informes no ha salido todavía a la luz, pese a que -según ella- los conoce ya la Conferencia Episcopal y "ese contenido -subraya- va mucho más allá de lo que se conoció entonces: la indemnización de 60 mil euros que pagó el obispado de Ureña al diácono de Epila para tapar un presunto caso de acoso". La Iglesia reconoció el pago, pero "para pagar los estudios al diácono una vez que no se consideró apto para la vida religiosa".  Sin embargo, asegura la notaria que las razones de la destitución de Ureña van más allá. "Los hechos -añade- son muy graves y eso es lo que ha provocado la merecida desititución del ex Arzobispo"

La notaria relaciona su despido con la elaboración de estos informes y asegura sentirse objeto "de una venganza de quienes quieren quitar de en medio a aquellos que pueden cuestionar a un obispo". "No es una purga -explica- ojalá, para eso habría que limpiar pero aquí lo que se quiere es tapar".

En la actualidad, Amador está en paro y personalmente muy afectada por un caso que dice "le resulta incomprensible como cristiana". También asegura no entender el tremendo conflicto judicial que se ha armado alrededor de esta situación en la que la acusan, tanto a ella como a sus dos compañeros sacerdotes, de haberse llevado cheques del Tribunal, haber falsificado firmas y hasta difundir anónimos. Ella lo niega todo. Y un día como hoy rompe su silencio porque, como dice, "la injusticia me puede".