Barcelona estudia responsabilidades penales de Interior por mantener el CIE
El Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat, el Parlament y los partidos políticos y entidades que defienden el cierre del Centro de Internamiento de Extranjeros han escenificado un frente común contra estas instalaciones
Julià N. (ACN)
Barcelona
El Ayuntamiento de Barcelona ya ha pedido al juez una orden para que sus técnicos puedan inspeccionar el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca, después de que el Ministerio lo haya reabierto y haya impedido dos veces la entrada de los trabajadores municipales. El gobierno de Colau confía en tener la orden judicial esta misma semana, poder inspeccionar el centro y marcar una fecha para precintar las instalaciones.
El teniente de alcalde de Derechos Civiles, Jaume Asens, ha explicado que, en paralelo, los servicios jurídicos municipales están estudiando si la actuación de Interior "podría tener algún tipo de implicación penal, más allá de la desatención a los requerimientos que se le han hecho desde el Ayuntamiento".
Administraciones, instituciones y entidades partidarias del cierre del CIE han escenificado hoy un frente común contra estas instalaciones. A la convocatoria hecha por el Ayuntamiento han acudido la Generalitat, el Parlament, la Síndica de Barcelona, los grupos de la oposición partidarios de eliminar estos centros y las entidades promotoras de la campaña contra estos equipamientos. Todos han avalado la actuación del Ayuntamiento y han asegurado que quieren ir más allá. Buscan promover una iniciativa en el Congreso para modificar la ley de Extranjería y para que desaparezcan estos centros de internamiento que han calificado de prisión "de pobres" o "encubierta" para personas que no han cometido ningún delito. "Un agujero negro de los Derechos Humanos" en palabras de la alcaldesa Ada Colau.
El Ayuntamiento de Barcelona se ha dirigido también a los jueces que son los que ordenan los ingresos en el Centro de Internamiento para que conozcan que ahora mismo es un equipamiento sin licencia que no cumple, según informe de bomberos, los requisitos de seguridad.
El Partido Popular, por su parte, insiste en que la falta de licencia o el incumplimiento de la normativa de seguridad que aduce el ayuntamiento son sólo excusas para crear un conflicto político.
