Acuerdo entre PNV y PSE para aprobar la ley de víctimas policiales
El PNV y el PSE han alcanzado un principio de acuerdo para aprobar a finales de julio la ley vasca que reconocerá a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999
Cadena SER
Bilbao
El PNV y el PSE han alcanzado un principio de acuerdo para aprobar a finales de julio la ley vasca que reconocerá a las víctimas de abusos policiales entre 1978 y 1999, un texto que incorpora la práctica totalidad de las enmiendas socialistas, la mayoría tendentes a dotar a la norma de mayor seguridad jurídica.
El informe definitivo que se llevará a pleno se cerrará probablemente mañana en la ponencia parlamentaria, que posteriormente tendrá que ser ratificado en comisión antes de la votación en el último pleno de la legislatura del próximo día 28.
Fuentes del PNV y del PSE han confirmado a Efe este acuerdo que, según han precisado desde el grupo parlamentario de los nacionalistas vascos, también incorpora "bastantes" de las reivindicaciones del PP y "algunas" de EH Bildu.
Aunque la suma de los votos de los nacionalistas y socialistas en la Cámara de Vitoria permite la aprobación de la ley, el PSE ha apelado al resto de los grupos a que se sumen al acuerdo y ha asegurado que el objetivo es que la normativa salga adelante con el mayor consenso posible y que ningún partido vote en contra.
Con la ley de Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos entre 1978 y 1999 se busca reparar y reconocer a las víctimas de motivación política que sufrieron violaciones de derechos humanos en ese período.
La futura norma es la continuidad de un decreto de junio de 2012, impulsado por el entonces Gobierno Vasco liderado por el socialista Patxi López, que ofreció la misma cobertura a las víctimas policiales (incluidas las que sufrieron torturas) del período 1960-1978.
Tal y como estaba redactado el proyecto de ley elaborado por el Gobierno Vasco corría el riesgo de ser recurrido por el Estado, que ya advirtió de que algunos de sus preceptos vulneraban la Constitución y que la Comisión de Valoración -encargada de reconocer la condición de víctima- infringía varias competencias exclusivas estatales.
El PNV ha insistido en que el proyecto tenía una base "muy sólida" desde el punto de vista jurídico, pero finalmente ha aceptado las enmiendas socialistas para reforzar aún más la seguridad jurídica.
También los nacionalistas han reconocido que no se han incluido la mayoría de las enmiendas de EH Bildu porque sus planteamientos "trastocan el espíritu de la ley".
El parlamentario socialista Patxi Elola ha explicado que en el texto consensuado se eliminan todas las alusiones que se referían a la "represión ilícita".
Ha argumentado que hay vulneraciones de derechos a las que se refería el proyecto que no obedecen a la represión ilícita, sino a actuaciones policiales "con origen lícito que derivaron en usos ilícitos de poder o violencia".
Así, Elola ha destacado que se refuerza la obligación institucional de reparar a quienes se han visto desprotegidos durante la democracia y se evita además cualquier redacción que pudiera dar a entender una comparación entre víctimas del terrorismo y de abusos policiales.
"Se afinan expresiones para que no sean interpretadas bajo la denominada teoría del conflicto", ha precisado.
También, según el PSE, se deja claro en la futura ley quedan expresamente excluidas las personas que fallecieron o resultaron heridas durante la manipulación de armas o explosivos con el fin de desarrollar alguna actividad violenta.
Por el momento la coalición abertzale no se ha posicionado sobre el contenido de este documento. EH Bildu, entre otras reclamaciones, pide que la ley equipare los derechos de las víctimas "del Estado" y del terrorismo "con la misma intensidad".
Por su parte, fuentes del Partido Popular han afirmado que el documento consensuado entre el PNV y PSE-EE no refleja "ningún cambio" en relación a las cuestiones fundamentales que reivindican los populares.
Por ejemplo, el PP critica la ausencia en el proyecto de referencias a otras víctimas que vieron vulnerados sus derechos, como los amenazados por ETA o los afectados por la violencia callejera.
El pasado día 8 el Parlamento Vasco rechazó las enmiendas a la totalidad al proyecto de ley del PP y UPyD, que pidieron la devolución del texto al Gobierno Vasco.
