El juez envía a la Audiencia el testimonio de la médico del SAMU sobre el accidente de Metro
El caso investiga la veracidad de las declaraciones de la médico del SAMU que, en la comisión parlamentaria sobre el accidente, aseguró haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina del vagón siniestrado y no en las vías
Cadena SER
Valencia
El Juzgado de Instrucción número 9 de Valencia ha abierto diligencias por las declaraciones de la médico del SAMU en la comisión de investigación de Les Corts Valencianes sobre el accidente de Metrovalencia de 2006 referidas al hallazgo del cadáver del maquinista.
La médico aseguró haber visto los cuerpos del maquinista y de la interventora en la cabina del vagón siniestrado y no en las vías, donde los ubican policías y dos testigos.
El magistrado ha resuelto inhibirse en favor de la Audiencia Nacional, después de recibir la deducción de testimonio acordada por la titular de Instrucción 21 para que otro juzgado investigara si la médico faltó a la verdad y cometió un delito contra las Instituciones del Estado previsto en el Código Penal.
Según un comunicado del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana, la Físcalía había solicitado la inadmisión de la causa pero el juez no atiende tal petición.
Sin entrar a valorar el fondo del asunto, el juez considera que de las diligencias practicadas tras el testimonio de particulares "se infiere que los hechos pudieran ser considerados como constitutivos de un presunto delito contra las Instituciones del Estado", y que la ley atribuye a la Audiencia Nacional la competencia para el conocimiento de este delito.
En su momento, la titular de Instrucción número 21 de Valencia, que investiga el accidente de Metro en el que murieron 43 personas y otras 47 resultaron heridas, acordó deducir testimonio contra la doctora del SAMU tras rechazar la solicitud del abogado que representa a 13 víctimas para que declarara como testigo.
Su testimonio, señaló entonces la jueza, nada tiene que ver con el objeto del procedimiento judicial, que se centra en determinar las "hipotéticas responsabilidades penales derivadas de la posible falta de medidas de seguridad exigibles en el sector ferroviario" en que podrían haber incurrido los trabajadores de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana (FGV) con competencias en materia de seguridad.
La jueza considera que "no existe la más mínima duda del lugar donde aparecieron los cadáveres" y que "no estaban en la cabina", "que los cuerpos de ambos trabajadores de FGV salieron despedidos", como "reflejan las lesiones de ambos".
Ambas afirmaciones las fundamenta en los informes elaborados por la Policía y en "la contundencia" del testimonio de dos supervivientes del siniestro quienes en su declaración en el Juzgado aseguraron que no había nadie en la cabina.
Según los planos policiales, el cadáver de la interventora estaba a 65 metros de la cabina de la unidad siniestrada y el del maquinista, a 75.
"Resulta totalmente inverosímil la idea de que bomberos y policías, antes de que compareciera la comisión judicial autorizando el levantamiento de los cadáveres, hubiesen procedido por propia iniciativa a sacar los cuerpos de la cabina, recorrer con ambos 65 y 75 metros respectivamente, para seguidamente levantar otros cuerpos y colocarlos debajo", explicaba la instructora en un auto reciente.
La magistrada destaca el "duro, agotador y penoso trabajo que llevaron a cabo el día del siniestro y días posteriores" los agentes de Policía y Bomberos y añade que cuestionar la veracidad de sus informes es atribuirles la comisión de un delito de falsedad documental.
La magistrada concluía que "plantear a estas alturas de la investigación, transcurridos 10 años desde la fecha de la tragedia, cuestiones como la suscitada, tendentes a cuestionar la veracidad de los datos que constan en el procedimiento, intentando generar confusión, sin apoyarse en dato objetivo alguno, no responden a lo que debe ser el objeto de una instrucción penal".
