El presidente de Aena y su antecesor declaran como imputados por el impacto acústico sobre una urbanización

Madrid

El presidente de AENA, José Manuel Vargas, y su antecesor en el cargo declaran hoy como imputados en un juzgado de Madrid por no aplicar supuestamente una sentencia de noviembre de 2008 del Tribunal Supremo. Esa sentencia ordenaba al organismo estatal de aeropuertos y navegación aérea a reducir el impacto acústico sobre una urbanización próxima al aeropuerto de Barajas cuando se utilizaba por motivos de seguridad la pista 18R-36L en configuración sur obligados por determinadas condiciones meteorológicas.

Vecinos de la urbanización Ciudad Santo Domingo, afectados por el ruido de las aeronaves que vuelan a baja altura sobre sus viviendas, recurrieron a los tribunales y estos les dieron la razón reconociendo la vulneración que se producía al derecho fundamental a la intimidad domiciliaria de los afectados y ordenando el cese de la causa que motivaba ese hecho.

AENA tomó medidas para cumplir con la sentencia pero el Tribunal Superior de Justicia de Madrid entendió que no eran suficientes y ordenó en diciembre de 2014 una reducción del 30% en el número de sobrevuelos que afectan a la urganización Ciudad Santo Domingo. Esto supondría la eliminación de unos 6.000 vuelos al año sobre los 20.000 que se producen.

AENA recurrió el auto judicial, lo que motivó su paralización. El Tribunal Supremo decidirá en los próximos meses cómo aplicar las medidas dictadas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid y si procede o no reducir en un 30% los vuelos que se realizan ahora sobre la urbanización Santo Domingo.