El ayuntamiento demolerá el 'mamotreto' a finales de este año

Santa Cruz de Tenerife

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife no derribará el mamotreto antes del mes de octubre. Así lo ha confirmado el responsable de Obras e Infraestructuras, Jose Alberto Díaz Estévanez. "Hemos procedido a dictar una instrucción para que el área de infraestructuras proceda a iniciar el proceso de demolición", explicó el edil. La decisión del consistorio se produce después de que la titular del Juzgado de los Penal número 5, Beatriz Méndez, dictara un auto en el que ordena la inmediata demolición del mamotreto cuyo coste asciende a 600.000 euros. Por su parte, el portavoz del PSC en el ayuntamiento capitalino, José Ángel Martín, ha exigido al grupo de gobierno que el derribo sea ejecutado de forma urgente. "La demolición debe ser inmediata porque ya no caben explicaciones y es consonante con los informes jurídicos de los diferentes técnicos del ayuntamiento y lo que queda ahora es rogarle por decimocuarta vez que el consistorio cumpla con las sentencias judiciales".

Obras sin licencia

La construcción del aparcamiento con capacidad de 272 plazas y locales comerciales contemplaba una planta sótano además de una planta sobre rasante. El inmueble ocupaba tanto la zona de servidumbre de protección marítimo terrestre, servidumbre de tránsito, así como 1.223 metros cuadrados de dominio público marítimo terrestre. Las obras se iniciaron en 2001, que es cuando comienza a fraguarse el denominado pelotazo de las Teresitas. El edificio de aparcamientos se construye de forma parcial e incluye modificaciones en el proyecto inicial para aumentar el número de plazas. Según ha constatado una sentencia judicial posterior, esas obras no contaban con las licencias que amparaban los convenios entre el Ayuntamiento y Costas. Se trataba de un requisito imprescindible, por lo que ni los deslindes ni los trabajos realizados en dominio público marítimo terrestre contaban con el visto bueno de la Dirección General de Costas. Paralelamente, en aquella época ya había estallado la polémica por la compraventa de los terrenos por parte del Ayuntamiento a un grupo de empresarios por 52,7 millones de euros.