Expertos de la UPV en fraude aseguran que las diputaciones son un “coladero”
“Si la probabilidad de que te detecten es baja y si va mal puedes esconderlo como Mario Conde, lo razonable es defraudar” dice Ignacio Zubiri
Vitoria
El sistema falla. Es la conclusión que han dejado en el Parlamento vasco tres expertos de la UPV, Mari Carmen Gallastegui, Javier Fernández-Macho e Ignacio Zubiri, autores del informe sobre fraude fiscal y economía sumergida en Euskadi encargado por el Gobierno vasco y las diputaciones que estima en unos 3.700 millones de euros anuales el dinero que la Administración deja de ingresar.
El más crítico con la labor inspectora de las diputaciones ha sido Ignacio Zubiri que ha cuestionado la efectividad de la lucha contra el fraude. "Si la probabilidad de que te detecten es baja y sigue siéndolo, incluso si te detectan solo te detectan una parte, si puedes llegar a acuerdos fáciles y si todo mal, a la Mario Conde, puedes esconderlo, lo razonable es defraudar" ha advertido.
En este sentido, Zubiri ha criticado la reforma fiscal que “prometía más de lo que ha hecho en el ámbito del impuesto de sociedades y de cerrar vías de evasión y elusión" que son un "coladero".
Asimismo, ha denunciado la falta de transparencia y el oscurantismo que rodea a la labor de los inspectores. "¿Cuántos hay en Euskadi? No tengo ni idea. Creo que el tercer secreto de Fátima está menos guardado que algunas cosas relacionadas con las inspecciones", ha ironizado.
Mari Carmen Gallastegui ha expresado su preocupación por la “poca” investigación que hay sobre fraude fiscal "cuando es un tema tan importante" y ha reconocido que durante la elaboración del informe para el Gobierno vasco se han sentido "incomodos" como "si tuviéramos una linterna muy moderna con poca potencia para investigar en una cueva muy oscura".
En esa misma línea, según Javier Fernández-Macho, teniendo en cuenta que las haciendas vascas pierden 2.000 millones anuales, invertir en la luchar contra el fraude supondría un "beneficio inmenso" y "se pagaría con creces", incluso aunque se destinaran 500 millones a este fin, ha dicho.
Los expertos han lamentado además la "premura" y los "escasos recursos" con que se encargó el informe, aunque han negado la existencia de presiones o mala voluntad por parte del Gobierno vasco y las diputaciones, promotores del estudio.