El Gobierno eleva un informe que considera la Autoridad Portuaria de Lanzarote "viable"
El estudio encargado por el ejecutivo canario valora la viabilidad económica y jurídica. Ahora, dicen en el Gobierno regional, que depende del Ministerio de Fomento.
Las Palmas de Gran Canaria
El Gobierno canario ha acordado remitir al Ministerio de Fomento la propuesta de acuerdo para la declaración de la Autoridad Portuaria de Lanzarote, así como un estudio encargado por la comunidad autónoma que avala su viabilidad, según ha informado hoy su portavoz, Narvay Quintero.
Esta decisión es "de trámite" y no implica que el Ejecutivo canario haya tomado una posición sobre si conviene o no crear esa nueva Autoridad Portuaria, escindida de la de Las Palmas, como reclaman el Cabildo de Lanzarote y la Cámara de Comercio de la isla, ha explicado el portavoz, en una rueda de prensa que ha ofrecido tras la reunión del Consejo de Gobierno.
El Gobierno de Canarias tramita una reivindicación del Cabildo de Lanzarote que se planteó por primera vez en 1971, cuando solicitó la creación de una autoridad autónoma de Puertos de Arrecife y que se volvió a demandar el pasado 1 de diciembre de 2015, tras una declaración institucional de la corporación insular.
En base a ese acuerdo, Quintero, ha señalado que se procedió a encargar el estudio que ha determinado que se trata de una propuesta "viable tanto jurídica como económicamente" y, por ello, se remite al Ministerio de Fomento, al que corresponde autorizar o denegar la creación de este nuevo ente autónomo.
El contenido de ese informe sobre la Autoridad Portuaria de Lanzarote aún no es público, pues primero se remitirá para su conocimiento al Cabildo, ha indicado Quintero.
Así mismo, ha señalado que los datos sobre la viabilidad económica se han estudiado a partir de la información de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, de la que dependen tanto el puerto de Arrecife como el de Puerto del Rosario, en Fuerteventura, así como el de La Luz, en Gran Canaria.
El estudio determina que el Puerto de Arrecife fue viable económicamente en 2015 y, por tanto, se justifica la creación de una nueva autoridad que lo gestione, ya que ofrece potenciales oportunidades estratégicas que impulsarán en mayor medida el crecimiento tanto del recinto portuario como de la isla en su conjunto.
En su reunión de hoy, el Gobierno de Canarias ha avalado además iniciar la tramitación de la Estrategia para la Modernización de Administración de Justicia en la comunidad autónoma para el periodo 2016-2019, que se elaborará con la participación de los operadores jurídicos e instituciones competentes, según ha informado el consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, Aarón Afonso (PSOE).
La intención es conciliar y consensuar las seis líneas estratégicas que contiene, los objetivos y las acciones a desarrollar fijados en la futura hoja de ruta, ha explicado el consejero.
Esta estrategia persigue modernizar y mejorar la calidad de este servicio público, para que la ciudadanía, especialmente las personas más vulnerables, puedan obtener la tutela judicial efectiva y protección de sus derechos en un tiempo razonable; las empresas contribuyan al desarrollo económico de Canarias en un entorno de seguridad jurídica, y los profesionales cuenten con herramientas adecuadas para ejercer su labor, ha añadido Afonso.
Cada línea establecerá objetivos estratégicos y operativos. Una de ellas es la referida a las infraestructuras judiciales, que precisarán de un plan de adaptación a desarrollar en los próximos ocho años en el que se detallará la inversión necesaria.
El nuevo modelo organizativo de la Oficina Judicial y Fiscal, así como la coordinación y el fortalecimiento de las relaciones con los órganos que tienen competencia en materia de justicia y la tecnología, son otras de las líneas de la estrategia.
Este anteproyecto tiene como finalidad reducir los plazos de respuesta judicial, incrementar su capacidad de resolución, disminuir la pendencia de asuntos, acercar este servicio público al ciudadano y conseguir una Justicia más transparente y de calidad.
Una vez finalice la tramitación de la Estrategia para la Modernización de Administración de Justicia en Canarias 2016-2019 será elevada al Gobierno para su aprobación, ha indicado el consejero.
