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El 65% de las víctimas de maltrato atendidas por el Gobierno de Cantabria en 2015 denunciaron a su agresor

El informe anual destaca que el centro de atención recibió más de 2.000 llamadas

Imagen de archivo de la última reunión de la Mesa Mixta contra la Violencia de Género. / Gobierno de Cantabria

Imagen de archivo de la última reunión de la Mesa Mixta contra la Violencia de Género.

Santander

El 65 por ciento de las mujeres víctimas de maltrato que fueron atendidas en 2015 en los recursos del Gobierno de Cantabria manifestó haber denunciado a su agresor, una proporción similar a la del año anterior, y de ellas, un 27 por ciento había interpuesto más de una denuncia.

El número de denuncias creció "moderadamente" y pasó de 1.253 en 2014 a 1.327 en 2015, según los datos ha dado a conocer por el Gobierno. El pasado año se emitieron 856 resoluciones judiciales y fueron acogidos en los recursos del gobierno casi 40 mujeres y cerca de 46 menores. La vicepresidenta regional ha insistido en que su departamento lleva un año trabajando para reponer los recursos recortados durante la legislatura del PP. Eva Diaz Tezanos ha asegurado que la crisis sirvió de excusa para tomar medidas en contra de las mujeres y retroceder en políticas de lucha contra la violencia de género. Por ello, en plena campaña electoral pide un pacto de estado de lucha contra el maltrato.

El gobierno dispone de un centro de atención integral, un centro de emergencia y 3 pisos de acogida. Por ellos en 2015 pasaron cerca de 100 personas entre mujeres y menores. Además se recibieron más de 2.000 llamadas pidiendo información o atención. En total unas 740 mujeres necesitaron una resolución judicial y se produjeron 1.300 denuncias.

El presupuesto de este año dedica unos 650.000 euros a estas políticas, casi un 25% más que el anterior, el último que diseñó el PP. Un dinero, según ha explicado la directora general de la mujer, Alicia Renedo, para aumentar las plazas disponibles, con 7 más, y un nuevo piso que se pondrá disposición de las víctimas a partir del 1 julio. Además se ha contratado a una trabajadora social para coordinar estos recursos.

 
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