El Ayuntamiento revisará el Plan de Protección del Patrimonio
Ha encargado a un estudio de arquitectura estudiarán las fichas de los cerca de 60 edificios que se quedaron sin protección tras la última modificación del documento
A la izquierda, aspecto acutal de una de las villas de Ondarreta que se quiere demoler, a la derecha, el edificio que se levantaría en su lugar / CADENA SER
San Sebastián
El Ayuntamiento ha decidido someter a revisión el Plan Especial de Protección del Patrimonio Urbano Construido (PEPPUC).
En pleno debate sobre el patrimonio de la ciudad, el Consistorio ha encargado a un estudio de arquitectura, por un importe de 21.000 euros, revisar las fichas de los cerca de 60 edificios que se quedaron fuera del documento tras la última modificación.
El concejal de Urbanismo, Enrique Ramos, ha señalado que “se trata de una revisión integral de aquellas fichas de edificios que quedaron fuera del PEPPUC aprobado, edificios que por sus características arquitectónicas pudieran ser susceptibles de entrar en la modificación encargada”.
El Consistorio se ha decidido a realizar este estudio por las recientes polémicas suscitadas en materia de patrimonio. El director de Urbanismo, Juan Carlos Cuevas, ha manifestado que “da la sensación de que el Ayuntamiento se está cargando el patrimonio y no es así, más bien es todo lo contrario”.
Cuevas ha explicado que en el PEPPUC “hay más de 1.300 edificios protegidos y solo unos pocos que quedaron fuera del documento están generando la actual controversia ciudadana”.
Asimismo, el edil ha anunciado que la Junta de Gobierno de la próxima semana aprobará la suspensión de licencias en el ámbito de las villas de Ondarreta.
“Se trata de evitar un vacío que genere situaciones no deseadas ya que puede que la zona sea declarada conjunto en sí mismo protegido”, ha manifestado Ramos,. También ha explicado que “las dos villas objeto de polémica no han recibido todavía ni licencia de derribo ni de construcción, pese a que sí las han solicitado”.
La revisión del Plan, que cuenta con un plazo de ejecución de entre cuatro y seis meses, “se trabajará conjuntamente con asociaciones del ámbito y los grupos municipales”.
Ramos ha explicado que también se revisará “la normativa referida a la intervención en edificios ya protegidos por el Plan pero que en ocasiones imponen cláusulas muy restrictivas a la hora de rehabilitar un local o actuaciones similares”.
