Cuatro años de cárcel para los tres acusados por la muerte de la familia de Alcalá

Sevilla

La Fiscalía de Dos Hermanas pide cuatro años de cárcel para cada uno de los tres acusados por la muerte de un matrimonio de Alcalá de Guadaíra y una de sus hijas en diciembre de 2013. También solicita una indemnización para la hija que sobrevivió de 720.000 euros y que sean inhabilitados para trabajar en la gestión de residuos durante 4 años. Los acusa de un delito de homicidio imprudente y otro delito contra el medioambiente. Se trata de dos trabajadores de la empresa de gestión de residuos Alansu y el administrador de Reciclados Nivel.

Una de las víctimas, Enrique Caño, solía acudir a vender chatarra a Reciclados Nivel. Así fue como el administrador de la sociedad le regaló los tapones de unos botes de aluminio de unos pesticidas que él, sin estar autorizado para gestionar residuos peligrosos, había comprado a los dos trabajadores de Alansu. Estos empleados decidieron vender envases de aluminio al margen de la empresa para obtener un beneficio económico.

Enrique dejó los tapones en una bañera de su casa donde su hija había dejado agua con lejía para decolorar unas zapatillas. A causa de la humedad generada en el cuarto de baño y probablemente del lavado de tapones se desencadenó, dice el fiscal, una potente reacción química. Los tapones habían correspondido a pesticidas para la agricultura cuyo ingrediente activo es el fosfuro de alumnio, que libera un gas extremadamente tóxico para los seres humanos: el fosfuro de hidrógeno, la fosfina.

La niña que pudo salvarse había estado ausente del domicilio entre las siete de la tarde y las diez y media de la noche. Durante la madrugada los tres fallecidos sufrieron diarreas y vómitos y llamaron dos veces a los servicios de emergencias, que diagnosticaron intoxicación alimentaria, la primera vez y que encontraron muerta a la hija la segunda vez. Sus padres fallecieron horas después en el hospital de Valme.