Los jueces piden al Ministerio que retrase el proyecto ante los gravísimos problemas
El proyecto en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y en la Sala de lo Social implicaría, entre otras situaciones, que una sentencia se dé por definitiva sin que esté firmada por todos los magistrados. También choca con la Ley de Protección de Datos
La secretaria de Estado de Justicia, Carmen Sánchez-Cortés, se reúne con el presidente del Tribunal Superior de Castilla y León (TSJCyL), José Luis Concepción, así como con magistrados, jueces fiscales y letrados de la Administración de Justicia / Agencia Ical
Valladolid
La Comisión Permanente de la Sala de Gobierno del TSJCyL ha
acordado proponer al Ministerio de Justicia que retrase hasta
primeros de septiembre la implantación del proyecto de “Justicia
Digital” (prevista para el 8 de junio) en las Salas de lo Contencioso-
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, impone varias condecoraciones de San Raimundo de Peñafort en el Palacio de Justicia. En la foto junto al presidente del TSJCyL, José Luis Concepción / agencia Ical
El ministro de Justicia, Rafael Catalá, impone varias condecoraciones de San Raimundo de Peñafort en el Palacio de Justicia. En la foto junto al presidente del TSJCyL, José Luis Concepción / agencia Ical
Administrativo y de lo Social ,con sede en Valladolid.
La Sala de Gobierno estima que esta demora "redundará en beneficio de
la correcta Administración de Justicia y del adecuado ejercicio de la
potestad jurisdiccional y no compromete, en ningún caso, la
implantación del proyecto diseñado".
Además de este acuerdo comunicado a todos los medios por el Tribunal Superior de Justicia, la Cadena SER ha accedido a la información manejada por los propios jueces para argumentar su rechazo al proyecto de Rafael Catalá.
"La base de datos a la que se puede acceder está bajo el control del Ministerio de Justicia y no del Poder Judicial", lo que plantea un problema con el principio de división de poderes.
"El Ministerio de Justicia va a tener acceso inmediato a todos los casos".
Dicha base contiene millones de datos personales que afectan a materiales especialmente protegidas por la Ley Orgánica de Protección de Datos.
Eso hace obligatorio que dicha basé esté regulada por una disposición general publicada en el Boletín Oficial del Estado, para establecer medidas de seguridad.
"Ahora no hay criterios -insisten los magistrados- sobre quien puede acceder a qué expedientes y documentos, grabaciones en dispositivos portátiles (pinchos), medidas de seguridad de la información ,.."
Lo mismo ocurre con los datos personales de los trabajadores de la Oficina Judicial y de los jueces y magistrados que se incorporan a dicha base de datos, lo que puede generar las correspondientes denuncias ante la Agencia de Protección de Datos.
Desde la Oficina de Implantación de Proyectos del Ministerio de Justicia y a través del secretario coordinador provincial - sin constancia del órgano con competencias suficiente que lo haya ordenado - se pretende pasar a definitivos documentos que en el ordenador están en borrador cuando han transcurrido 10 días .
Esto ocurre , por ejemplo, con las sentencias. "Pretenden que una sentencia pase a ser definitiva sin la firma de los magistrados, lo que vulnera lo establecido en la Ley Orgánica del Poder Judicial , puesto que no es definitiva una resolución hasta que no está firmada por todos los que la han adoptado".
En esta misma línea de preocupación los jueces deducen que "es el ordenador y el Ministerio de Justicia el que manda en el proceso judicial, no los titulares de la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado", a los que les confiere esta competencia la Constitución Española.
En definitiva, piensan que "hay una suplantación del Poder Judicial por parte del Ministerio de Justicia", subrayan a la SER las mismas fuentes.
