El TSJC mantiene la orden de demolición de 22 viviendas en Liencres
El Ayuntamiento de Piélagos tiene que consignar el dinero para indemnizar a las familias, si no lo hace se le podrán imponer multas

Viviendas afectadas en la urbanización Las Cerrias de Liencres / Cadena SER

Santander
El Tribunal Superior de Justicia de Cantabria (TSJC) ha dictado un auto por el que mantiene la orden de demolición de las 22 viviendas ilegales existentes en Liencres.
El Ayuntamiento de Piélagos había pedido la suspensión de la orden de derribo hasta hacer efectivo el pago de las indemnizaciones a las familias afectadas, tal y como establece una ley aprobada el pasado mes de julio.
El TSJC tenía dudas sobre la constitucionalidad de esta ley y se había planteado la posibilidad de presentar un recurso, pero al final no lo hará.
Lo que ha decidido es mantener la orden de demolición de las viviendas y obligar al Ayuntamiento a consignar la partida presupuestaria necesaria para indemnizar a las familias.
El auto, dictado hoy por la Sala de lo Contencioso Administrativo, establece una indemnización del precio de escritura de las viviendas con un incremento del 30 por ciento.
Y advierte que requerirá personalmente al interventor municipal para que consigne ese dinero, en el plazo máximo de tres meses, con apercibimiento de incurrir en desobediencia e imponer multas en caso de no llevarlo a efecto.
Además, la sala da un mes de plazo al Consistorio para informar del calendario de ejecución de la demolición de las viviendas.
La alcaldesa de PIélagos, Verónica Samperio, ha señalado que el Ayuntamiento no puede hacer más que "acatar y respetar" la decisión de la justicia y se pondrá de inmediato a trabajar "para dar respuesta al auto" dictado por el TSJC.
Mientras, Desde la Asociación de Maltratados por la Administración (AMA) valoran positivamente que se obligue al Consistorio a garantizar una indemnización a las familias.
Su portavoz, Antonio Vilela, sigue pensando en que las viviendas pueden ser legalizadas dentro del nuevo plan general y dice que sería una “atrocidad” proceder a su demolición.

Conchi Castañeda
Licenciada en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid. Redactora de cadena...