El 71% del gasto de Nóos en los foros lo facturaron empresas de Urdangarin y Torres
Los peritos debaten si el Instituto podía firmar convenios de colaboración
Palma de Mallorca
Discusión técnica de los seis peritos de la intervención general del Estado que hoy han intervenido en la sesión del juicio. Todos han sido propuestos por las partes y las defensas y han tratado los convenios de colaboración con Baleares que reportaron más de dos millones de euros al Instituto Noos.
Uno de los expertos ha explicado que el 71 por ciento de las facturas presentadas por el Instituto Noos para justificar los gastos de los foros de Baleares, eran de las propias empresas de Urdangarin y Torres. A pesar de intentar justificar los gastos con facturas, el perito ha explicado que éstas apenas superaban los 800 justificantes.
Sin embargo, muchas de ellas no eran admisibles, porque pertenecían a gastos de los Valencia Summit, a listados contables o albaranes. Además, según el experto, "presentaban inconsistencias respecto a lo declarado a Hacienda". Ha concluido que Noos no necesitaba contratar servicios externos para organizar los foros, ya que encargaban los trabajos a las propias empresas de los administradores.
Los seis expertos han empleado buena parte de la mañana en debatir sobre la naturaleza jurídica de los convenios firmados. El Instituto Noos y el Govern balear suscribieron un convenio de colaboración, algo que no según uno de los peritos no se tendría que haber hecho, ya que la fórmula del convenio solo está reservada a los acuerdos entre administraciones.
Los peritos debaten si el Instituto podía firmar convenios de colaboración
Para el experto, se tendría que haber suscrito un contrato de servicios o de consultoría, ya que según ha señalado "el convenio de colaboración no tenía ninguna razón de ser". Ha insistido también en que Noos tenía obligación de presentar la justificación de los gastos, aunque ello no estuviera recogido en el convenio, porque el dinero entregado era público. "Los contribuyentes tienen derecho a saber en qué se gasta su dinero".
También consideran los expertos que la contratación por parte de las administraciones baleares y valenciana precisaba de un expediente administrativo previo, como en todos los casos e independientemente de la fórmula de contratación.