Un año después, “en proceso de aprendizaje”

Alicante

En el primer aniversario de los comicios autonómicos y municipales, el discurso de los partidos políticos se asienta en clave electoral con otras elecciones, las generales, a la vuelta de la esquina.

"Hace un año, la ciudad de Alicante votó cambio". Así se ha expresado el portavoz del equipo de Gobierno municipal, Natxo Bellido, que ha recordado la "ilusión de la noche electoral" a la vez que ha reconocido que aún se encuentra, el tripartito, PSOE-Compromís y Guanyar, en un proceso de aprendizaje "de las nuevas formas de gobernar".

El 24 de mayo de 2015 el PP perdió la mayoría absoluta, pasando de 18 a 8 concejales y emergió con fuerza, con 6 ediles, el partido Ciudadanos.

La incógnita era si se unirían las fuerzas de izquierda y así fue. Gabriel Echávarri, el candidato socialista se alzó con la alcaldía, tras semanas de arduas negociaciones con Guanyar, que también había logrado seis escaños y con Compromís, que con 3 concejales entraba por primera vez en el consistorio como parte del tripartito actual.

"No está siendo fácil", ha señalado el portavoz municipal, Natxo Bellido, que asegura que "están trabajando muy duro", a partir de unas condiciones muy complicadas y que la previsión es poder acometer inversiones próximas a los 40 millones de euros en 2016 y 2017.

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En Alicante, subraya, fueron capaces de establecer un Pacto de Gobierno con unas prioridades políticas, y de ponerse de acuerdo en cómo organizarse. Insiste en que formaba parte de su responsabilidad "dar respuestas para atender la esperanza del cambio" y conformar gobiernos progresistas y plurales que recuperaran, ha dicho, la decencia en la política.

Desde la oposición, PP y Ciudadanos valoran negativamente el tiempo transcurrido por "la inacción", dicen, del gobierno actual PSOE-Guanyar-Compromís.

Creen que las grandes cuestiones que afectan a la ciudad, como la munipalización de contratas, la llegada de IKEA, el plan de industrialización o el de dinamización turística, siguen sin resolverse. Aunque también hacen hueco para la propia autocrítica.

El PP, que fue aquella noche electoral el ganador con el 25,58 por ciento de los votos, acabó siendo el partido perdedor. Siguen pensando que fue "el desgaste a nivel nacional" el que les pasó factura por los "casos de corrupción y el hartazgo" que provocaron en los electores.

En este tiempo, en que su candidata a la alcaldía, Asunción Sánchez Zaplana, acabó como senadora, dicen haber asumido su papel de una "oposición constructiva" y se muestran "decepcionados" porque "las fuerzas que dijeron ser el cambio se han quedado en mero recambio", según el actual portavoz, Luís Barcala.

En la misma línea, desde Ciudadanos, su portavoz municipal, José Luis Cifuentes, critica las cuestiones que siguen sin definirse en la ciudad y escándalos como la expulsión de la edil Nerea Belmonte, las salidas de tono de Marisol Moreno o "la prepotencia", dicen de la socialista Gloria Vara, cuestiones que achacan a "la falta de una relación fluida" en el equipo de gobierno.

Pero Cifuentes también hace autocrítica: cree que su formación es muy joven, está poco organizada y por eso "se producen desajustes", concluye.

Junta de Gobierno

Entre las asignaturas pendientes recogida en el Pacto de Gobierno está la posible municipalización de contratas que, de momento, se aplaza y se sacarán a licitación aquellas que todavía se pagan fuera de contrato.

Precisamente, este martes la Junta de Gobierno ha aprobado cerca de 1,4 millones de euros para los servicios de Suministro de energía eléctrica de las instalaciones municipales (632.105 euros), facturas de infraestructuras festivas en abril (26.487 euros) y para los servicios que aún presta Enrique Ortiz en el cementerio (30.278) y en la limpieza de colegios y dependencias municipales (708.766 euros en abril).

Aún se trabaja en los pliegos para estas dos contratas, ha explicado Natxo Bellido, "para que en los mismos se incluyan claúsulas sociales y un plazo de dos años más dos de prórroga". Al menos, es la apuesta de Compromís.

El portavoz del Grupo Popular, Luis Barcala, ha denunciado que “con los 1.397.636 euros, aprobados en junta de gobierno, son ya casi 9 millones de euros los que ha desembolsar el Ayuntamiento de Alicante en los últimos once meses por la prestación de servicios sin estar adjudicados y por tanto sin contrato en vigor”.

Barcala ha señalado que “la acumulación de pérdidas para las arcas municipales es ya de casi dos millones de euros, debido a que la estimación es que los contratos municipales fueran adjudicados por un 20% menos del precio de licitación, que es lo que suelen ofertar las empresas”.

En el otro lado, como ejemplo del cambio, el equipo de Gobierno ha querido destacar la derogación definitiva en la Junta de Gobierno de la ordenanza de mendicidad y prostitución en espacios públicos del término municipal de Alicante aprobada por el Partido Popular con Sonia Castedo, una normativa que Bellido ha calificado "de la vergüenza".

Ademas, de cara al pleno de este jueves anuncia una declaración institucional para condenar la financiación ilegal de los partidos políticos, "en especial" cuando afecta a campañas electorales y una iniciativa para conseguir que "Alicante sea una ciudad libre de paraísos fiscales", y dar un mensaje de concienciación a las grandes empresas que sean responsables fiscalmente.