Denuncian ante la Fiscalía un desfase en las obras de la lonja de Pasaia
El presidente de la Autoridad Portuaria destituye al director, Gregorio Irigoyen. Los trabajos se habían presupuestado por 15 millones y terminaron costando 22
Vista de la lonja del puerto de Pasaia. / CADENA SER
San Sebastián
La Fiscalía de Gipuzkoa ha recibido una denuncia sobre el desfase presupuestario registrado en la construcción de la nueva lonja de Pasaia, unas presuntas irregularidades que han motivado la destitución del director de la Autoridad Portuaria, Gregorio Irigoyen.
La lonja, uno de los proyectos "estrella" de la regeneración de Pasaia y cuya primera fase se inauguró el 20 de noviembre de 2013, se había presupuestado en 15 millones de euros, pero sucesivos problemas en su construcción han situado el coste final en una cantidad superior a los 22 millones, según han informado a Efe fuentes del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria de Pasaia.
El conocimiento de esta desviación presupuestaria y su gestión ha llevado al presidente de la Autoridad Portuaria de Pasaia (APP), Ricardo Peña, a destituir el pasado 18 de febrero al director de la APP, Gregorio Irigoyen, y a incoar un expediente disciplinario al jefe del Departamento de Infraestructuras, David Candelario Iparragirre, quien ejercía como director de obra.
Además, la Abogacía del Estado, que forma parte del Consejo de Administración de la Autoridad Portuaria, planteó el pasado 17 de marzo que el Consejo de Administración sometiera a votación en una sesión extraordinaria poner toda la documentación en conocimiento del Ministerio Fiscal, "a fin de que puedan llevarse a cabo las diligencias de investigación que se estimen precisas para el esclarecimiento de los hechos".
El Consejo, reunido en sesión extraordinaria el 5 abril, votó en contra de trasladar el caso a la Fiscalía, desoyendo la recomendación de la abogada jefe del Estado en el País Vasco, Macarena Olona, quien representa al Estado en el consejo y además ejerce como asesora jurídica del órgano de gobierno de la Autoridad Portuaria, una institución que depende del Gobierno central pero cuya gestión está cedida al Gobierno Vasco.
El Consejo cuenta con 15 miembros, entre los que se encuentran tres representantes de la Administración del Estado, tres del Gobierno Vasco, una de la Diputación de Gipuzkoa, un representante de los trabajadores, en este caso LAB, tres de la Cámara de Comercio y los alcaldes de Pasaia, la socialista Izaskun Gómez, y Errenteria, Julen Mendoza (EH Bildu), además de su presidente y su vicepresidente.
No obstante, la Abogacía del Estado, en su calidad de miembro del Consejo, decidió trasladar la documentación al Ministerio Fiscal.
La abogada del Estado, en el escrito en el que solicitaba la sesión extraordinaria, advertía de que no era necesaria una decisión colegiada del Consejo para informar a la Fiscalía, "sino que es obligación individual de cualquier persona que tenga conocimiento de unos hechos que, indiciariamente, pudieran ser constitutivos de delito".
La principal irregularidad detectada por una auditoría ejecutada por Puertos del Estado consiste en que se ejecutaron y abonaron trabajos correspondientes a un proyecto modificado "con carácter previo a su tramitación administrativa" y sin cobertura presupuestaria, según consta en la documentación que obra en el expediente del caso, a la que ha tenido acceso Efe.
Fuentes del consejo han explicado que la Autoridad Portuaria continuó con las obras sin esperar a que Puertos del Estado aprobase y adjudicase el segundo proyecto complementario, un trámite legalmente exigido cuando las desviaciones presupuestarias exceden el 10%.
El 17 de diciembre del 2015, el Consejo de Administración fue informado del contenido de dos auditorías realizadas por Puertos del Estado, en las que se detallaban estas irregularidades, y decidió "de forma unánime", "la depuración de responsabilidades".
La primera actuación de Ricardo Peña consistió en iniciar, al día siguiente, 18 de diciembre, un "expediente de responsabilidad patrimonial en aplicación de la doctrina de enriquecimiento injusto" por obras ejecutadas por la UTE Pasaia Berri "sin sujeción a contrato".
En segundo lugar, el 18 de febrero de 2016, Peña destituyó a Gregorio Irigoyen, quien desempeñaba el cargo desde la época en la que Joxe Joan González de Txabarri presidió el puerto, a partir de 2007.
El pasado 12 de febrero la Autoridad Portuaria de Pasaia informó en un comunicado del "retraso" en la construcción de la obra y explicó que se había visto obligada a modificar el proyecto inicial, "principalmente por la existencia de canalizaciones del Añarbe que no estaban correctamente representadas en los planos históricos sobre los que se trabajó en la redacción del proyecto y por la necesidad de modificar la cimentación al encontrarse la roca a más profundidad de la estimada en el estudio geotécnico".
El parlamentario del PP Borja Sémper ha tramitado una pregunta dirigida a la consejera de Medio Ambiente y Política Territorial, Ana Oregi, para que informe sobre los motivos de la destitución de Irigoyen y su relación con la paralización de las obras de la lonja.
