Un usuario al que prohibieron volver al albergue acaba durmiendo en la iglesia de Los Gladiolos
El reglamento del centro contempla la expulsión a la calle ante cualquier tipo de falta. Diversos colectivos piden que se rebaje la dureza de las sanciones porque no se está consiguiendo la inserción
Santa Cruz de Tenerife
El concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife confirma la expulsión del albergue de un usuario a quien se le abrió un expediente, no especifica por qué razón. Sin embargo, apunta que hace dos semanas "en la madrugada de hace dos lunes, prendió fuego a un vehículo de la UMA (Unidad Móvil Asistencial) y tiene un expediente cautelar abierto por atentar contra un bien público". Óscar García incidió en que no se le levantará la sanción hasta que se normalice su situación.
Como consecuencia de los hechos, dicho indigente, con problemas de adicción, según la Plataforma por la Dignidad de las Personas, fue encontrado por su portavoz, Eloy Cuadra, "allí fuera, llorando, comentando que llevaba tiempo en rehabilitación de las drogas. Y ahora de repente lo echan a la calle, sin motivos, sin argumentos (...) Lo echan a la calle, pero no lo dejan entrar a comer, ni ducharse, ni nada... Se queda botado en la calle sin ningún derecho".
Según Cuadra, cuando pidió explicaciones sobre este caso en el albergue se las negaron alegando "que somos unos aficionados y ellos los profesionales". Aún espera alguna llamada "porque les dejamos nuestros números de teléfono".
La Asociación de Vecinos Azorín concluye que, tras unos días pernoctando en la iglesia de Los Gladiolos "a punto de fallecer", el indigente fue recogido por voluntarios "para llevárselo a una casa, porque ha estado tirado en la calle". El presidente de este colectivo vecinal, José Luis Guzmán, opina que es desmedido sancionarlo con cerrarle las puertas del albergue, cuando " no ha sido detenido, ni hay acusación" .
El reglamento del centro prevé para cualquier tipo de falta la prohibición de acceder a este recurso asistencial por un período mínimo de tres meses. En el caso de que la infracción sea muy grave, la expulsión se prolonga a perpetuidad.
Ramón Trujillo, concejal de Izquierda Unida, y varias agrupaciones sociales calificaron de "abusivo, inconstitucional e inhumano" el reglamento que se aplica. En este sentido, recuerdan que los usuarios son mayoritariamente ancianos y gente con problemas de adicciones y depresiones, y abogan por contemplar otro tipo de sanciones que se aplican en instituciones similares del resto del Estado, como "amonestaciones verbales, escritas, limitaciones a la participación..." En definitiva, califican el reglamento vigente desde 2014 de "nada educativo".
La Asociación de Vecinos Azorín solicita además un Plan de Actuación Integral para el barrio, que se ha convertido en el de "los asuntos sociales", tras la proyección de un nuevo centro. Así, pide una ambulancia permanente entre su local y el albergue, como sucede en Añaza, y "donde los estudiantes de algún FP sanitario puedan hacer sus prácticas y atiendan cualquier accidente, a cualquier persona que haya que trasladar a un centro... pues en los últimos tiempos han sido, por distintas causas, cinco las víctimas en los alrededores".
Cada día duermen en el albergue un centenar de personas y el doble se benefician de su servicio de comedor. Se contemplan como quebrantamiento de las normas de convivencia: peleas, falta de respeto a otros usuarios o trabajadores... Sin embargo, el concejal Óscar García destaca que los incidentes son puntuales y que desde que se ocupa del área, en el último año, apenas ha firmado "ni una docena de sanciones".
