La Fiscalía concluye que en Arona existía una trama corrupta de extorsión y licencias ilegales
En un duro informe final, la fiscal, Francisca Sánchez, mantiene las penas para los 13 acusados por prevaricación urbanística y cohecho
El exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, llega al juzgado acompañado por su abogada. / CADENA SER
Santa Cruz de Tenerife
La fiscal para Delitos contra el Medio Ambiente y la Ordenación del Territorio de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, Francisca Sánchez, ha sido tan contundente en su informe final del denominado "caso Arona”, que tuvo que pedir un receso al quedarse prácticamente afónica. En sus conclusiones, Sánchez considera que los 13 acusados, encabezados por el exalcalde, José Alberto González Reverón, "conocían que estaban cometiendo una ilegalidad cuando concedieron 205 licencias urbanísticas irregulares”. Así la Fiscal, asevera que ha quedado probado, en las 14 semanas de juicio, que la Junta de Gobierno aronero favoreció durante años los intereses urbanísticos de unos pocos empresarios y extorsionaron por la concesión de las licencias.
El Ministerio Fiscal mantiene las peticiones de penas de prisión para los acusados por los delitos de prevaricación urbanística y cohecho. De esta forma, Fiscalía solicita para el exalcalde José Alberto González Reverón la pena de dos años de prisión y 20 de inhabilitación; para el ex edil del Partido Popular, Felíx Sierra, seis años y 31 años de inhabilitación; para el también ex edil, Manuel Barrios, 2 años de prisión y 20 de inhabilitación; misma pena para el ex concejales de Coalición Canaria, Alfonso Barroso, Daniel Martín y Jose Luis González. Del mismo modo, la Fiscal solicita para Juan José Alayón la pena de dos años y 20 de inhabilitación, para el aparejador municipal, Roberto de Luis, ocho años de prisión y 20 de inhabilitación, para el también arquitecto Eliseo de la Rosa, seis años de prisión y 20 de inhabilitación, cuatro años para el arquitecto Zenón Rodríguez, misma pena para Jorge Menéndez y Antonio González Tolosa, todos ellos arquitectos. Mientras para el empresario Arsenio Zamora Toledo, el Ministerio Fiscal solicita tres años de prisión.
Una inmensa trama de corrupción
La denuncia que dio origen al caso fue interpuesta por el entonces concejal socialista Francisco García Santamaría el 17 de enero de 2007. En la denuncia se acusaba de posibles delitos urbanísticos por posibles delitos contra la Ordenación del Territorio, prevaricación continuada y tres delitos de prevaricación que fuera alcalde, José Alberto González Reverón y el equipo de gobierno aronero. Desde ese momento, se puso en marcha una investigación que ha devenido en más de 60 tomos de sumario y que se ha ido ampliando a raíz de otras denuncias como las del letrado Felipe Campos. Según obra en el auto en el que se imputa a los acusados, desde el 9 de enero de 2004 y la 17 de noviembre de 2006, votaron sistemáticamente a favor de la concesión de licencias municipales para ejecución de obras, para reforma de viviendas, para demolición y construcción de edificios con el informe desfavorable de los técnicos municipales.
