Desmantelan un caso de turismo ilegal de trasplantes de riñón en Madrid
Hay 20 personas investigadas, 14 de ellas son pacientes búlgaros que se dieron de alta en España como falsos trabajadores para conseguir entrar en la lista de espera de trasplantes
El director general de la Guardia Civil, Arsenio Fernández Mesa, el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz, el consejero de Sanidad de la Comunidad de Madrid, Jesús Sánchez Martosy el comandante Reina, jefe del grupo de / FERNANDO VILLAR (EFE)
No ha sido un trabajo fácil, la Guardia Civil ha estado más de un año investigando este caso de "turismo ilegal de trasplantes", así es como lo han definido los responsbles de esta operación, denominada 'Renibus'. La voz de alerta la dio la oficina regional de trasplantes de Madrid. Les resultó muy sospechoso que en un plazo de tiempo muy corto se encontrasen con muchos ciudadanos búlgaros inscritos en la lista de espera de trasplantes. Fue entonces cuando la Comunidad de Madrid puso el caso en manos de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. Comenzaron a tirar del hilo, y con la ayuda del Ministerio de Empleo comprobaron que esas personas habían falsificado su trabajo para conseguir entrar en el sistema de trasplantes español.
Todos, los 14 pacientes investigados – figura antes conocida como imputados- hicieron lo mismo. Decían que venían de vacaciones, o a ver a un familiar, con ese pretexto estos pacientes ya tenían garantizada su diálisis de urgencia en un centro de salud. Pero todos ellos llegaron más lejos, en cuestión de días, y nada más pisar Madrid, se registraron como falsos trabajadores. Lo hicieron de dos formas, o bien pagando entre 100 y 200 euros a falsos empleadores, o registrándose como falsos autónomos. El problema es que lo hicieron en trabajos “que eran incompatibles con su situación médica”, como por ejemplo, “jardineros, trabajadores de la construcción o empleadas del hogar”, según ha explicado Comandante Jefe de la Guardia Civil, Sánchez Reina.
Ese detalle levantó la sospecha definitiva de la UCO. Con la ayuda de la Seguridad Social comprobaron que había siete empresas ficticias, a través de las cuales estos ciudadanos búlgaros se daban de alta. Por eso, el Juzgado de Instrucción número 21 también ha citado como investigadas a otras seis personas, acusadas de ser los falsos empleadores que facilitaron el acceso fraudulento al sistema de trasplantes español.
Gracias a esos trabajos ficticios, estos 14 pacientes consiguieron su tarjeta sanitaria, esa la fue la ‘llave’ para entrar en la lista de trasplantes del sistema español. Lo consiguieron, hasta el punto de que seis de estas personas, incluso, llegaron a recibir un riñón (el resto de pacientes han sido expulsados de la lista de espera).
Los investigadores no creen que haya una mafia detrás, ni alguna organización criminal. Pero no tienen duda de que se ha abortado un claro caso de “turismo sanitario”, empujado por el efecto llamada del exitoso sistema de trasplantes español. “El efecto llamada viene inducido por la prensa búlgara, a través de varios artículos donde se menciona que ante las dificultades de Bulgaria, aquí en España hay un sistema liberal donde el acceso es relativamente sencillo siempre que demostrasen una residencia estable y unos permisos de trabajo”, según ha explicado el director de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Rafael Matesanz.
Lo cierto es que los datos avalan la pobre situación de Bulgaria, si lo comparamos con la situación de España. “El año pasado, Bulgaria hizo 58 trasplantes de riñón, frente a los más de 2.500 que se realizaron aquí en España”, añade Matesanz, “su tasa de donantes es de 5 por cada millón de habitantes, frente a los casi 40 que tenemos en España”.
Bulgaria tampoco ha firmado el primer Primer Tratado Internacional contra la Lucha del Tráfico de Órganos, que impulsó España en marzo de 2015.
Aunque todos los casos se han detectado en Madrid, los investigadores han encontrado ya situaciones similares en otras comunidades autónomas - aunque no han avanzado en cuales-, "es algo que se está investigando", según ha explicado la Guardia Civil. Los responsables de la operación calcualn que estas personas han cometido un importante fraude a la seguridad social, "ocasionando un coste total de más de 1,5 millones de euros", según ha informado la Guardia Civil.
Las 20 personas investigadas por ese fraude a la seguridad social se enfrentan a una condena que oscila entre seis meses y seis años de cárcel.
