Los veterinarios dudan de la viabilidad del proyecto de identificación del ADN canino

Palencia

El Colegio de Veterinarios de Palencia se suma a las consideraciones del Consejo General de Veterinarios de España poniendo en duda la viabilidad del proyecto municipal de crear un censo de identificación de ADN de perros con fines únicamente sancionadores que además presenta numerosas dudas jurídicas.

Los veterinarios recuerdan que la identificación legal es competencia autonómica y que ya existe una ley y un censo nacional  al respecto, en concreto en Castilla y León existe una base de datos el SIACYL, que  a su vez se coordina con  las 17 autonomías, Ceuta y Melilla  e incluso esos datos están conectados a los países de la Unión Europea a través de Europetnet para la identificación de animales de compañía.

La identificación en España es obligatoria mediante la implantación de microchip y compete sólo a las autonomías por lo que una de las primeras dudas que se plantean es si una ordenanza municipal puede obligar a los dueños de los animales a hacer el análisis de ADN si no existe una ley regional que lo respalde, sobre todo cuando la finalidad es exclusivamente sancionadora y no se tienen en cuenta el bienestar del animal. Luis Fernando Román Sánchez, presidente del Colegio de Veterinarios de Palencia tienen sus dudas.

En caso de ponerse en marcha esta iniciativa habría que tener en cuenta además muchos otros parámetros, la realización de estudios previos o  los condicionamientos económicos sobre todo en un momento delicado de crisis en que muchos propietarios de animales tienen problemas para mantenerlos.

Tampoco parece factible poner en marcha esta medida coincidiendo con la campaña antirrábica, tal y como anunció el ayuntamiento, que tendrá lugar a principios de julio. Es preciso elaborar una ordenanza reguladora de un nuevo servicio que se presta, tienen que ser aprobada en pleno, exponerla por 30 días y en caso de haber alegaciones ser llevada nuevamente a pleno, lo que ya supone unos 3 meses de tramitación como mínimo. Si además se pretende cobrar por esta nuevo servicio hay que elaborar  una nueva ordenanza fiscal o bien modificar alguna ya existente lo que conlleva un procedimiento como el anterior, además de elaborar un estudio económico.

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Además, si como parece se necesitaría contratar una empresa externa para analizar los excrementos de los animales, hay que, sobre el capítulo de gastos, con el coste que se estima tras el estudio de la ordenanza fiscal sacar a concurso público la contratación para que las empresas que quieran optar a ello puedan presentarse. Concurso público que precisaría como mínimo de dos meses de tramitación.