Tabarca se recupera
Generalitat finaliza los trabajos de demolición de los seis bungalós ilegales que invadían la zona de servidumbre de protección de la Ley de Costas
Ayuntamiento de Alicante
Alicante
Finalizan los trabajos de demolición de los seis bungalós ilegales de la isla de Tabarca que construyó el alcalde popular de Santa Pola, Pascual Orts. La conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio cumple así con la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana que establecía esta medida por estar construidas en dominio marítimo terrestre.
El Ayuntamiento de Alicante tratará ahora de que el Plan Especial de Tabarca incluya este terreno ya libre y que se ''vincule'' al bien de interes cultural del recinto amurallado.
Han tenido que pasar 13 años para restaurar la legalidad de la zona de servidumbre de protección que invadían las construcciones y que protege la Ley de Costas. Las obras, asumidas por conselleria, han costado poco más de 375.000 euros que además, ha rellenado la zona que ocupaban estos adosados con suelo adecuado.
Las obras de demolición de las viviendas contaban inicialmente con un plazo de ejecución de once meses, aunque finalmente han sido 7 meses. La actuación se inició el 24 de septiembre pasado.
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad, Carlos Domingo, destaca el interés en la protección de una isla que es conjunto histórico artístico
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Por su parte, el edil de Urbanismo en el Ayuntamiento de Alicante Miguel Ángel Pavón muestra su satisfacción por recuperar este espacio en la isla. Recuerda que la intención es que el Plan Especial de la isla saldrá en esta legislatura esos terrenos ''no sean edificables''.
Hacemos memoria
La actuación de la Conselleria se ha realizado tras el incumplimiento de los titulares de las vivendas de acatar la sentencia dictada por el TSJ valenciano y que después confirmó el Supremo. La demolición comenzó una vez se resolvió definitivamente la autorización judicial de entrada a las viviendas.
El TSJ de la Comunidad declaró ilegales estas construcciones en el año 2003, tras una denuncia que partió del Ministerio de Medio ambiente por no respetar la Ley de Costas, algo que contó con el visto bueno del Ayuntamiento de Alicante, que otorgo las licencias y la cédula de habitabilidad. La Generalitat, que validó todos los pasos municipales. Ambas instituciones estaban gobernadas entonces por el Partido Popular.
