El gobierno desautoriza la prohibición de jugar a menores extranjeros
La resolución del CSD establece un precedente para miles de casos en un duro varapalo a la Federación Española de Futbol
FC Barcelona
Barcelona
“El Consejo Superior de Deportes ordena a la RFEF que proceda de manera inmediata a expedir licencia deportiva a favor del menor de edad”. Así se expresa el gobierno español en una resolución del pasado 17 de marzo que desautoriza los requisitos de la Federación Española y de la FIFA para que puedan jugar a futbol los menores extranjeros.
Recordemos que la aplicación del reglamento de la FIFA para la inscripción de menores extranjeros ha dejado en la cuneta a miles de chavales en España que han visto vulnerados sus derechos.
La resolución del CSD establece, contradiciendo a las severas exigencias de la RFEF y de la FIFA, que es suficiente con estar legalmente en España para participar en competiciones federativas. En ningún caso son de recibo las decenas de otros documentos que exige la Federación como el contrato de trabajo del padre y de la madre del menor, así como un documento de solvencia económica entre otros requisitos.
El CSD da la razón de esta manera a una madre de origen colombiano para que su hijo de 16 años pueda jugar a fútbol. En su resolución la administración no concede sin embargo a la madre su pretensión de incoar un expediente sancionador al presidente de la federación madrileña y al presidente de la española por abuso de autoridad.
En su escrito, el CSD asegura que “no resultan ajustados a nuestro ordenamiento jurídico los requisitos exigidos por la FIFA en el artículo 19 del Reglamento sobre el estatuto y Transferencia de Jugadores de la FIFA.”
En efecto al mencionado jugador y a su madre se les comunicó por parte de la Federación Madrileña de Fútbol la denegación de la inscripción por no “haber presentado el contrato de trabajo del padre y de la madre debidamente firmado”.
El CSD le recuerda a la Federación Española, encargada de aplicar en España las normas de la FIFA, que la ley de 2007 contra la violencia, el racismo y la xenofobia establece un único requisito: el encontrarse legalmente en España.
