Álvaro García Ortiz: "Es absolutamente incomprensible que no haya Fiscalía Anticorrupción en Galicia"

Santiago de Compostela

El presidente de la Unión Progresista de Fiscales y Fiscal de Medioambiente de Galicia, Álvaro García Ortiz, considera “absolutamente incomprensible” que a estas alturas Galicia no cuente con una fiscalía anticorrupción.

En declaraciones a la Cadena SER, García Ortiz reclama con insistencia la creación de esta fiscalía que permitiría luchar con mayores garantías contras las prácticas corruptas que la fiscalía detecta en la comunidad. “No conocemos perfectamente los mecanismos de blanqueo, de contratación y de inspección fiscal, si hay una persona especialista capaz de hacerlo, como en cualquier organización público o en un hospital, un especialista hace mucho mejor las cosas que cualquier generalista como acabamos siendo nosotros, es una demanda que tenemos desde hace muchísimo tiempo, y es absolutamente incomprensible cómo no se ha satisfecho”, asegura.

Cree que con una Fiscalía especializada, la lucha contra la corrupción sería más efectiva. “Tener un órgano especializado supone que somos más eficaces, quien ha abanderado en este país ha sido la fiscalía anticorrupción, y nosotros en nuestro día a día detectamos esa corrupción, nos gustaría mucho compañeros especializados para que todo fuera más eficaz y más rápido”.

Incertidumbre política

Ha mostrado además su preocupación por la incertidumbre política y los efectos que provoca en el mundo judicial, en la fiscalía, pendientes del futuro del fiscal general del Estado que es determinante para el trabajo diario de los fiscales. “El fiscal general del Estado lo nombra el presidente del gobierno, y está en funciones, luego el ámbito de decisión de la fiscalía general está constreñido por la situación política y la expectativa es que haya un cambio, en el que puede que el fiscal general sea otra persona, y eso condiciona mucho el funcionamiento de la fiscalía”, aseguró.

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Decisiones como aplicar el programa de papel 0 en la justicia, o los plazos de seis meses para culminar una instrucción, decisiones muy polémicas deben pactarse con el nuevo gobierno que salga de las urnas. “Tenemos otras dos grandes reformas, la modificación del modelo de instrucción en el sentido de imponer un plazo de seis meses, que empezaría a contar en junio, y la implantación del papel cero, son dos cuestiones de gestión muy importantes que está gestionando un gobierno en interinidad, y por tanto, no con todas las capacidades de ir adelante o hacia atrás en cualquiera de estas dos reformas, y por supuesto que es importante, porque ninguna de las dos funcionan”, dijo.

La relación de política y justicia

El fiscal García Ortiz enmarca en la normalidad democrática las tensiones entre el poder legislativo y el judicial, a eso atribuye que en ocasiones los políticos investigados por un juez, como es el caso del exsecretario general del PSdeG Gómez Besteiro, cuestionen las decisiones de la justicia. “La ley ha ampliado el concepto de investigado, es muy difícil hacer esta crítica sin estar dentro de la causa, y sin conocer los pormenores de por qué una jueza ha decidido investigar a alguien, lo que debemos de pedir todos es rapidez y que el sistema de recursos funcione, de esta manera cualquier persona que crea que están siendo invadidos sus derechos, que pueda recurrir, al igual que ahora se queja el PSOE, se ha quejado siempre el entorno de las personas investigadas”.