Urge cortar amarras con Ortiz

Alicante

Romper todo lazo con las empresas de Enrique Ortiz urge ahora más que nunca en el Ayuntamiento de Alicante, tras el revuelo causado por la confesión realizada por éste ante el juez, de haber financiado ilegalmente al PP en la Comunitat Valenciana.

El equipo de gobierno, que llevaba las últimas semanas intentando dar solución a la municipalización de contratas, la mayoría y más cuantiosas en manos del empresario implicado en los casos Gürtel y Brugal, ya ha anunciado una reunión el próximo miércoles con representantes de Fomento de Construcciones y Contratas, FCC, y Cespa, socios de Ortiz en la UTE adjudicataria de la contrata de limpieza, recogida y tratamiento de residuos, UTE Alicante.

La cuestión de la municipalización era prioritaria, pero tras los recientes acontecimientos, apremia "más que nunca", según reconocen. Para el tripartito es "insoportable" que el empresario siga trabajando para el Ayuntamiento después de que haya admitido ante la Audiencia Nacional las acusaciones de la Fiscalía Anticorrupción.

Víctor Domínguez, el edil de Medio Ambiente, confía en que en este encuentro del miércoles dichas empresas pongan sobre la mesa sus alternativas jurídicas y económicas para desvincularse de las firmas de Ortiz, con quien está persuadido, "ya no se sienten cómodas".

Mientras, los trabajos de la comisión sobre el rescate de contratas "están ya en su recta final para conseguir acabar con las facturas fuera de contrato que el Ayuntamiento está pagando a Ortiz", caso de la limpieza de dependencias y colegios municipales o el cementerio.

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Confía Domínguez en que en quince días puedan presentarse los informes jurídicos que confirmen la viabilidad de la figura de "transmisión de empresa" para así iniciar las negociaciones pertinentes con los trabajadores, que habrán de ser asumidos por el ayuntamiento.

No obstante, se muestra cauto. Dice que "no se pueden dar pasos en falso". Cree que el grupo socialista apoyará la medida siempre que no cueste más al ayuntamiento y que en todo caso, si no fuera posible aplicarla reitera que se sacarían las contratas a concurso "lo antes posible".

Paralelamente, el tripartito ha exigido al Partido Popular, tanto de la Comunidad Valenciana como de Alicante, que pida perdón por haber acudido “dopado”, dicen, a las elecciones de 2007 y 2008.