Los exconsejeros andaluces se acogen a su derecho a no declarar
El abogado de Gaspar Zarrías asegura que las citaciones responden a un juicio paralelo que tiene una finalidad política
Sevilla
Ni el exvicepresidente de la Junta Gaspar Zarrías ni los exconsejeros Carmen Martínez Aguayo y Antonio Ávila han prestado declaración ante el juez que investiga la causa de los ERE que afecta a los políticos. Se han acogido a su derecho a no declarar y se han remitido a lo manifestado ante el Tribunal Supremo o el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Sus abogados han protestado ante la consignación de las preguntas del fiscal que ha permitido el magistrado.
Los tres están siendo investigados por un supuesto delito de prevaricación administrativa; por participar en la elaboración y el mantenimiento de un sistema de pago de ayudas socio laborales y ayudas directas a empresas supuestamente ilegal.
Consistía en presupuestar transferencias de dinero de la Consejería de Empleo a la agencia pública IDEA con la finalidad de conceder subvenciones. Usar esta fórmula, según las acusaciones, supone evitar la fiscalización previa, permitir la ausencia del procedimiento adecuado y generar elevados déficits presupuestarios. Además de obligar supuestamente al falseamiento de las cuentas de IDEA.
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El letrado de Zarrías, Gonzalo Martínez-Fresneda, ha señalado ante los periodistas que esta comparecencia responde a un "juicio paralelo y a una finalidad política" porque no tiene "justificación procesal" una vez que había comparecido en el Supremo.
Anticorrupción ha dejado escrita una pregunta para el exvicepresidente andaluz sobre una carta del comité de empresa de Primayor, una empresa cárnica de Jaén. Una carta dirigida al exdirector de Trabajo investigado, Javier Guerrero, donde supuestamente se dice que Zarrías ha dado orden de que se arregle el cobro de las nóminas de los empleados.
La Fiscalía ha preguntado a los exconsejeros, Aguayo y Ávila, si tuvieron conocimiento de los informes de control financiero permanente de la Agencia Pública IDEA, la que abonaba los ERE, donde supuestamente la Intervención advertía de las irregularidades por pagar con transferencias de financiación subvenciones a empresas.
A Antonio Ávila también le han formulado una pregunta sobre la empresa Sandetel, sociedad que contaba con un informe de la Intervención en contra de pagarle la ayuda; cosa que fue advertida por el secretario del Consejo Rector de la Agencia IDEA cuando ese convenio llegó al órgano del que formaba parte Ávila en 2003. El fiscal ha querido saber si eso había pasado en otras ocasiones.
