Afectados por sentencias de derribo piden más coordinación a las administraciones
El Gobierno tacha de partidista la postura de Escalante y Argoños, que han remitido a los tribunales un calendario de demoliciones
Afectados por sentencias de derribo se manifiestan en Escalante / EFE (EFE)
Santander
El Gobierno de Cantabria dice que trabaja de forma "estrecha" y "permanente" con los ayuntamientos para tratar de resolver el problema de las viviendas con sentencias de derribo, ha añadido que hay "muchísima coordinación".
La vicepresidenta, Eva Díaz Tezanos, lamenta además la posición "partidista" de Argoños y Escalante, que recientemente han remitido un calendario de derribos, solicitado por el TSJC.
La asociación de Maltratados por la Administración (AMA) se ha concentrado este lunes ante las sedes del Tribunal Superior de Justicia y del Gobierno regional tras manifestarse en Argoños para mostrar su indignación porque este ayuntamiento y el de Escalante presentaron un calendario de derribo para 287 viviendas.
La vicepresidenta se ha reunido con representantes de este colectivo y también se ha dirigido a las cerca de 200 personas que se han desplazado este lunes a Santander para movilizarse y que estaban protestando ante el Gobierno.
Díaz Tezanos ha explicado a los medios de comunicación que antes, esta mañana, se había reunido junto al equipo de Urbanismo del Gobierno con el alcalde de Escalante, Juan José Alonso , después de que él lo pidiera.
Díaz Tezanos ha rechazado que haya habido "dejación" por parte de la Comisión Regional de Ordenación del Territorio y Urbanismo (Crotu). "Se está actuando desde hace nueve meses con total colaboración y coordinación", ha resaltado.
Según ha precisado, ha habido reuniones "permanentes", mensuales y semanales, con todos los ayuntamientos, incluidos Escalante y Argoños, que tienen viviendas con sentencias de derribo y con los que la colaboración es "estrecha" porque sus planes generales están en proceso de revisión.
De hecho, el nuevo planeamiento de Escalante afronta ya sus últimos trámites, ya que se prevé que se apruebe definitivamente "en semanas". Conforme a ese documento, las 32 viviendas con sentencias de demolición serían legalizables.
La vicepresidenta ha afirmado que el Ejecutivo desconocía los calendarios planteados al TSJC por estos ayuntamientos y ha agregado que, en su caso, se mantiene la postura que en su día se trasladó al alegar respecto a la existencia de garantías indemnizatorias para los propietarios.
De 621 familias afectadas por sentencias de demolición en Cantabria, quedarían 59 del Camino del Portillo (Argoños) sin convenio, además de 20 propietarios de "Playa Marzán" de Miengo que ya han visto legalizadas sus casas por el Supremo.
Ahora hay que esperar a que la Sala de lo Contencioso resuelva sobre este tema.
AMA ha manifestado su deseo de que se clarifiquen las posturas para que no se produzcan más "errores" que "hacen tanto daño".
A su juicio, "lo importante es que se den soluciones" y "se coordinen las instituciones" para que los tribunales "hagan justicia".
Los afectados se sienten "engañados" y recalcan que las informaciones sobre los calendarios de los ayuntamientos de Escalante y Argoños han supuesto "un mazazo".
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