EA advierte que los planes urbanos de la Bahía pueden ser ilegales
Han obviado un documento que debe definir los mínimos ambientales y los crecimientos máximos en cada población
Imagen cartográfica de la bahía de Cádiz / Cadena SER
Cádiz
La asociación Ecologistas en Acción ha denunciado ante el consejero de Medio Ambiente y Ordenación del territorio de la Junta, José Fiscal, la debilidad legal en la que se sustentan los planes de ordenación urbana aprobados desde el año 2006 bajo la norma urbanística del gobierno andaluz.
Según ha explicado el portavoz ecologista Juan Clavero, La Junta ha venido aprobando los documentos de ordenación urbana sin incorporar como requisito previo un estudio llamado Procedimiento de Evaluación Ambiental y Estratégica, que sí es obligatorio en las doctrinas urbanísticas Estatal y Comunitaria.
Ese informe, que establece los limites medioambientales que debe respetar el nuevo plan urbano y analizar las necesidades de crecimiento de suelo, tanto residencial como industrial, tiene como finalidad la creación de planes acordes con las necesidades reales de cada población, evitando ordenamientos sobredimensionados.
En los planes aprobados por la Junta desde 2006, según Clavero, los documentos de impacto ambiental se han añadido a posteriori, o en el mejor de los casos, durante la redacción de documento, circunstancia por la que el Tribunal Supremo ha invalidado el Plan de Marbella, dando al traste con años de tramitación.
Los ecologistas han advertido que, sólo en la bahía, se encuentran en esa misma situación los planes urbanos de Cádiz, El Puerto, San Fernando y, ahora en tramitación, Chiclana.
Clavero explicó que un mero recurso contra cada uno de estos planes de desarrollo puede hacer que sean declarados nulos, en aplicación de la doctrina del Supremo.
Tras exponer su análisis de la situación al consejero, según los ecologistas, la administración habría anunciado su intención de mantener los planes aprobados, consciente, según el portavoz de que recursos de esta naturaleza pueden tardar unos cuatro años en completar su tramite, de manera que lo que hace la Junta, dijo, “es dejarle el muerto al que venga detrás”.
