El Gobierno de Canarias anuncia una batalla judicial y política para lograr la cogestión de los aeropuertos
Una reciente sentencia del Tribunal Supremo "abre la puerta" a que el Archipiélago pueda reclamar la administración de determinados servicios aeroportuarios
Entrada del aeropuerto Tenerife Norte / Europa Press
Santa Cruz de Tenerife
La consejera de Obras Públicas y Transportes del Gobierno de Canarias, Ornella Chacón, ha sido tajante en el Parlamento regional: "La incorporación de capital privado en AENA permite reclamar competencialmente parte de los servicios que presta en Canarias". Una afirmación que la dirigente regional ha sustentado en una sentencia emitida por el Tribunal Supremo, que deja una posibilidad abierta para que el Gobierno regional "reclame la gestión indirecta de los aeropuertos canarios como aparece en el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía".
Chacón ha expresado su firmeza en las medidas jurídicas que vayan a tomar a partir de ahora porque el dictamen del Supremo ha sido claro y ha puesto de relieve que los "aeropuertos son esenciales para los canarios". Un argumento, el del requerimiento competencial, que según la consejera ha obviado el PP porque "no les interesa". Pese a ello, ha expresado su voluntad de "recuperar la función social que se pone en peligro por la privatización de AENA".
La oposición, a escena
La portavoz del grupo parlamentario popular, Australia Navarro, ha lamentado que el Gobierno de Canarias desee embarcarse en una nueva aventura judicial "carente de sentido" ya que, en su momento insistieron en que la "privatización minoritaria" de AENA "traería las 7 plagas de Egipto" y ha ocurrido todo lo contrario. "Ningún aeropuerto se ha cerrado", ha insistido.
Román Rodríguez, de Nueva Canarias, promotor de la comparecencia de la consejera Ornella Chacón, le ha pedido al Ejecutivo que si va a tomar medidas jurídicas "lo hagan con énfasis, no con reunioncitas". Entiende él que "el camino de la política no abrirá un hueco si continúan mandando los que han cometido esta tropelía" y ha animado al ejecutivo regional a que "acuda al Tribunal Constitucional" a solicitar que opere el artículo 33.13 del Estatuto de Autonomía.
