Los interventores no apreciaron menoscabo de fondos públicos
La comisión parlamentaria sobre el supuesto fraude en los cursos de formación ha comenzado este viernes con los interventores de Almería y Cádiz
EFE
Sevilla
Los interventores provinciales de la Junta en Almería y Cádiz, Juan José Castillo y Nieves Chao, respectivamente, han coincidido hoy en la escasez de recursos humanos para realizar la tarea de revisión de los expedientes para la concesión de subvenciones de los cursos de formación.
Castillo y Chao han abierto hoy la primera ronda de comparecencias ante la comisión de investigación del Parlamento de Andalucía sobre el presunto fraude en los cursos de formación de la Junta entre 2002 y la actualidad, que incluirá a 69 personas y entidades.
Según Castillo, en la intervención de Almería sólo son siete funcionarios y "la mayoría del grupo C", que globalmente tienen que revisar más de 20.000 expedientes, entre los que se incluyen los de la formación.
Por su parte, Chao ha señalado que ni antes ni ahora ha contado "ni muchísimo menos" con los instrumentos necesarios para realizar el control y ha alertado de que se necesitaría "personal especializado, cualificado y de forma permanente".
Ambos interventores han coincidido también en que no creen que haya un "menoscabo" de fondos públicos en la subvenciones porque los expedientes no han "prescrito" y existe posibilidad de reintegro.
La interventora en Cádiz ha afirmado que la normativa de control de los fondos de los cursos era "muy mejorable", aunque no halló ningún documento que tuviera que ser puesto en conocimiento de las autoridades judiciales.
También el interventor de Almería ha indicado que no se han detectado irregularidades que causaran "alarma", sino "errores" de tipo administrativo, y ha asegurado que el órgano gestor aceptó todas las recomendaciones que hicieron.
Sobre si comparte que desde la Junta se haya actuado deliberadamente para beneficiar a determinadas empresas, Castillo ha dicho que no concibe que los funcionarios "actúen así", aunque desconoce si se hubiera podido producir desde otras instancias.
"Yo no tengo fundamento para poder afirmarlo", ha precisado Castillo, que ha admitido que la intervención se nutre de una serie de funcionarios de distintos grupos y algunos no estaban "muy preparados", pero ha subrayado que disponían de una guía "muy exhaustiva" para poder hacer el control.
La interventora de Cádiz ha indicado que el informe especial elaborado por su departamento en junio de 2015 "está lleno de limitaciones" porque para realizarlo no se contó con toda la "amplísima" documentación y que "el desorden de los expedientes fue la gran dificultad del trabajo".
Chao ha explicado que tras detectar irregularidades como empresas no acreditadas debidamente o alumnos que no cumplían los requisitos para acceder a los cursos se dio traslado del informe al Servicio Andaluz de Empleo y a la Consejería de Educación, que no presentaron alegaciones al mismo.
Al término de las comparecencias, la representante del PP en la comisión de investigación Teresa Ruiz Sillero ha considerado que la posibilidad de que se produzca menoscabo de los fondos públicos "sigue abierta".
Por el contrario, el diputado del PSOE Rodrigo Sánchez de Haro ha interpretado que "ha quedado muy claro que no ha existido menoscabo para los fondos públicos" y que no se ha cometido "ningún ilícito penal del que hubiera habido necesidad de dar traslado a los juzgados o al fiscal".
El diputado de Podemos Juan Ignacio Moreno Yagüe ha manifestado que de las comparecencias de hoy se deduce que la legislación relativa a las ayudas de los cursos de formación estaba "diseñada para permitir la sangría" de fondos públicos.
La parlamentaria de Ciudadanos Marta Bosquet ha indicado que queda "claro el descontrol y desorden" en la gestión de las subvenciones, y ha apuntado a la posibilidad de "menoscabo" de los fondos públicos, al tiempo que ha lamentado la "carencia total y absoluta" de medios materiales y humanos para poder llevar a cabo el trabajo de la Intervención.
Por su parte, la portavoz adjunta de IU, Elena Cortés, ha asegurado que de la declaración de los interventores se concluye que a estos "se le ha impedido fiscalizar" que el dinero entregado a las empresas subvencionadas por los cursos de formación se haya utilizado correctamente.
