Los vecinos describen ante el juez la destrucción de sus fincas por las industrias mineras

Santa Cruz de Tenerife

Los agricultores y vecinos que denunciaron la extracción de áridos en el Valle de Güímar y por el que ya han sido condenados los empresarios José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia, han comparecido ante el juez en la causa que sigue abierta contra uno de los areneros que está siendo juzgado en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife. Los testimonios han sido demoledores y han puesto en evidencia el grado de destrucción al que se vio sometido el Valle de Güímar debido a las extracciones. "El suelo quedó destrozado. No quedo ningún cauce público intacto y la autopista se ve desde la zona en el aire", explicó Mónica Díaz, de la asociación Tabona. Del mismo modo, uno de los agricultores, Francisco Hernández, ha aseverado que tuvo que vender una finca de su propiedad cercana a las industrias extractivas debido al peligro que suponía cosechar en esa parcela cercana a los barrancos y a los hoyos de más de 60 metros de profundidad provocada por las actividades mineras ilegales. La fiscalía pide para el acusado, Francisco Javier del Rosario Fuentes una pena de cinco años de prisión por atentando medioambiental y que se hagan cargo de restaurar el equilibrio ecológico perturbado.

Condenados

El resto de los empresarios areneros José Enrique Morales, Pedro Sicilia y Antonio Plasencia ya fueron condenados a un año y tres meses de prisión por un delito contra el medio ambiente al considerarse probado que realizaron extracciones de áridos de forma ilegal durante 17 años, causando un daño ecológico irreparable en la zona de los barrancos de Güímar, en el sureste de Tenerife. Los condenados han mostrado su conformidad con la sentencia, pero no ingresarán en prisión tras alcanzar un acuerdo porque no tienen antecedentes penales y la pena impuesta es inferior a los dos años. En la sentencia se describe cómo las actividades extractivas esquilmaron los barrancos de Güímar afectando a la flora y a especies protegidas, y aniquilando los niveles freáticos y gran parte del subsuelo. Las actividades se realizaban sin licencia, sin respetar los precintos establecidos y de forma indiscriminada. "Las extracciones habían acabado por afectar las características hidráulicas del barranco y a sus condiciones de contorno, llegando a afectar a la estabilidad de la infraestructura existentes en las inmediaciones de la cantera, dejándolas colgadas de unas paredes inestables, que producían desmoronamiento de taludes", reza la sentencia.