El Parlamento de Galicia da luz verde a la ley que legaliza la ampliación de Citroën
Finalmente el PP introdujo una modificación para que observe 20 días de exposición pública y un informe de evaluación de impacto medioambiental
Vista exterior de la factoría de PSA Peugeot Citroën en el polígono industrial de Balaídos, en la ciudad de Vigo. / Localia Vigo (Iniciativas Audiovisuales de Vigo)
Vigo
Los votos de Partido Popular y Partido Socialista han sido suficientes esta tarde en el Parlamento de Galicia para sacar adelante por el procedimiento de lectura única la Ley de medidas en materia de proyectos públicos de urgencia o de especial interés, en definitiva la ley con la que se espera poder resolver la situación urbanística que ha dejado en solfa proyectos clave para el futuro de Vigo como la ampliación del parque empresarial de Balaídos o la puesta en marcha de la estación intermodal. Proyextos que podrán salir adelante entre cuiatro y seis meses desde su publicación en el DOG el próximo 20 de marzo, un día después de la Ley do Solo, ya que si se publicase antes, esta última la anularía.
Reacciones de los Grupos Parlamentarios
Desde el Grupo Mixto, la Diputada Chelo Martínez la ha definido como una ley que pretende legalizar lo ilegal y acusa a la Xunta de no tener en cuenta los intereses de los vecinos, además, asegura que es un "fraude democrático" que utiliza la ley "para dar un cheque en blanco a los pelotazos urbanísticos".
Finalmente la ley observará un período de exposición pública y la necesidad de un proceso de evaluación ambiental, cuestiones que se pregunta el diputado de AGE, Antón Sánchez, porqué no se aceptaron cuando ellos lo demandaban para modificar el artículo 144 de la Ley do Solo. Asegura que la razón es que "era una operación que pouco tiña que ver coas técnicas de urbanismo, senon con unha operación electoralista de saír como slavadores de vigo, pero se pon en perigo o urbanismo dos 314 Concellos do país".
La Diputada del BNG, Ana Pontón entiende que esta ley choca con otras ya en vigor y ha pedido informes que la avalen jurídicamente para ver "se a tramitación da ley se axusta a legalidade, unha tramitación que é unha chapuza dende o punto de vista político e xurídico", afirmó.
Sin embargo, desde el Partido Socialista el diputado Xosé Sánchez Bugallo entiende que los errores políticos que derivaron en la anulación del Plan General no tienen que pagarlos los vigueses que "esperan de nós que lle demos resposta ós problemas que tñen plantexados".
FInalmente el ponente del PP, Jaime Castiñeira negó inseguridad jurídica, aseguró que si no se debatió antes fue precisamente porque no lo permitió AGE y respondió a las acusaciones de "pelotazo" asegurando que este proyecto se aplicará únicamente a proyectos de interés público y recordó que los trámites de supramunicipalidad "no están observados en ninguna ley".
