Grupos del "cuatripartito" rechazan la exigencia de dos años para cobrar la renta garantizada
El departamento de Derechos Sociales exige dos años de residencia en Navarra para percibirla.
El Acuerdo Programático dice que la exigencia es residir un año.
Miguel Laparra, vicepresidente de Derechos Sociales del Gobierno de Navarra. / PARLAMENTO DE NAVARRA
Pamplona
Se trata de un borrador, pero algunos de sus aspectos esenciales están ya dando que hablar. La nueva renta garantizada que prepara el departamento de Derechos Sociales del Gobierno contempla una nueva regulación de las nuevas ayudas pero solo para aquellas personas que acrediten una residencia mínima en Navarra de dos años. El Acuerdo Programático de Gobierno hablaba de una estancia mínima de un año.
El origen del cambio propuesto deriva del hecho de que se amplían las prestaciones en varias vías y el dinero es limitado: 57 millones de euros.
En concreto, se aumentan las cuantías para las unidades familiares a partir de dos miembros. Sin embargo, se reducen ligeramente las percepciones de las rentas unipersonales: de 655 a 600 euros. Esta propuesta significa que el salario mínimo interprofesional deja de ser la cifra de referencia para establecer el resto de parámetros.
La idea del departamento es incluir a grupos hasta ahora excluidos como los mayores de 65 años sin cargas familiares o los inmigrantes irregulares sin hijos mayores de dieciséis años. El departamento elimina también el tope de treinta meses para percibir la nueva renta, y ésta se cobrará siempre que persista la situación de necesidad.
Para acentuar la empleabilidad de este colectivo, el borrador dice que se podrá suspender temporalmente el cobro de una renta si su beneficiario accede a un empleo.
De momento, tres de los cuatro partidos que apoyan al Gobierno, EH Bildu, Podemos e Izquierda Ezkerra, han expresado su preferencia porque se mantenga la exigencia de un solo año de residencia, aunque insisten en que la nueva ley es positiva y presenta notables beneficios sobre la anterior. Los grupos de oposición esperan a conocer más detalles aunque anticipan que las necesidades para atender a los casi 30.000 perceptores que tuvo la renta básica en 2015 son mayores que la cuantía presupuestada por el gobierno de Barkos: 57 millones de euros.
