Los ex concejales Reina y Navas irán al juzgado como "investigados" por presunta prevarización
El sindicato CTA denunció a los ex ediles del Partido Popular por irregularidades en contrataciones del IMDECO y en la gestión del Alcázar
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Europa Press
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Córdoba
Los ex concejales del PP Miguel Reina y Rafael Navas han sido citados por el juez en calidad de investigados por sendos delitos de "prevaricación administrativa" cometidos presuntamente entre los años 2013 y 2015 cuando eran responsables del Instituto Municipal de Deportes y del Alcázar de los Reyes Cristianos respectivamente.
Rafael Navas se sentará ante el juez el 22 de abril y Miguel Reina el 25 de ese mismo mes.
El titular del juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba responde así a la denuncia presentada el pasado mes de octubre por el sindicato CTA por el fraccionamiento presuntamente irregular de contratos tanto en el Instituto Municipal de Deportes como en el Alcázar.
En el caso del IMDECO, presidido por Miguel Reina, el sindicato CTA denunció que el Ayuntamiento había fraccionado el contrato con la firma de abogados Cuatrecasas para poder así encargarles, sin concurso público, el Expediente de Regulación de Empleo que afectó a 28 trabajadores del Instituto Municipal de Deportes y por el que el bufete catalán cobró un total de 56.000 euros.
El Presidente de CTA, Francisco Moro, recuerda que la ley permite la adjudicación directa de contratos inferiores a los 18.000 euros, por lo que espera “que se aclare la responsabilidad política y la de aquellos funcionarios de confianza que hayan podido cometer un posible delito”
En el caso Rafael Navas, CTA denunció al ex teniente de alcalde de Turismo por prorrogar de forma presuntamente irregular el contrato de explotación del espectáculo de luz y sonido del Alcázar de los Reyes Cristianos con la empresa EMTE. Algo que ya denunció públicamente el actual equipo de gobierno.
El presidente de CTA, Francisco Moro, recuerda que “hubo un periodo de tiempo en el que ni si quiera hubo contrato” y que el Ayuntamiento de Córdoba ofreció medios públicos, el Alcázar, para que una empresa practicara lo que ha definido como “usura privada”
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