El Supremo ratifica que la depuradora de El Pisón es ilegal y el Ayuntamiento anuncia que intentará evitar su derribo
Da la razón a los vecinos mientras la Confederación estudia la manera de esquivar la ejecución de una sentencia contra la que no cabe recurso
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Gijón
El Tribunal Supremo ratifica que la obra de la depuradora de El Pisón es ilegal. Respalda la versión de los vecinos porque la declaración de impacto ambiental "carece de motivación suficiente". Una batalla ganada tras siete años de litigios."Ha merecido la pena", asegura Marcelino Abraira. El abogado del colectivo recuerda que "contra la sentencia no cabe recurso y llegados a este punto, lo lógico sería demoler lo que ya está construido". La obra está ejecutada en un 90%.
Marcelino Abraira, abogado de El Pisón
00:17
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El alto tribunal acaba de fallar que "no ha lugar" al recurso de casación que había interpuesto la Administración General del Estado contra la sentencia dictada en 2014 por la Audiencia Nacional. Una sentencia que anulaba la aprobación del anteproyecto y estudio de impacto ambiental de la Estación Depuradora de Aguas Residuales (EDAR) Este de Gijón.
Las sentencias previas indicaban que las otras tres ubicaciones propuestas -Peñarrubia, La Cagonera y El Rinconín- podían ser mejores que la de El Pisón. El Supremo reconoce que "es la elección del emplazamiento, ciertamente, lo que se sitúa en el centro de la controversia".
Esteban Aparicio, presidente Empresa Municipal de Aguas (EMA)
00:24
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Mediación
Entretanto, el ayuntamiento de Gijón mediará entre los vecinos de El Pisón y la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para intentar un acuerdo que evite la demolición de la Depuradora del Este tras la decisión judicial. Se trata de evitar perder el dinero que ya se ha invertido, aunque parece que los habitantes de la zona quieren que se ejecute la disposición judicial. En una lectura rápida habrá que interpretar que estamos ante la inminente demolición de una con construcción casi terminada, apenas queda un diez por ciento, y en la que se han gastado ya 36 millones de euros. Por eso el presidente de la Empresa Municipal de Aguas, el concejal forista Esteban Aparicio, intentará un acuerdo entre los vecinos y la administración del Estado.
La Confederación Hidrográfica habla de una interpretación legal que le permitiría esquivar la ejecución de la sentencia. La ralentización propia de un gobierno en funciones podría demorar la solución definitiva.
