Acusados baleares de Nóos ultiman un acuerdo con la Fiscalía
Los abogados de los acusados baleares han acudido a Fiscalía esta mañana
Palma de Mallorca
Jornada frenética de las defensas de acusados por el caso Nóos para lograr una rebajar de las penas. Fiscalía y acusados de la rama balear, incluido Matas, ultiman los detalles de un acuerdo que rebajaría sustancialmente las penas de prisión. Un acuerdo que fuentes jurídicas señalan que se podría hacer efectivo horas antes del inicio del juicio, que se retoma el próximo martes en el Polígono de Son Rossinyol en Palma.
Esta mañana varios abogados han acudido a la sede de la Fiscalía en la plaza de los Patines de Palma. El primero, el abogado de Juan Carlos Alía, exgerente del Instituto Balear de Turismo, que ha acudido con el propio acusado. El siguiente en llegar ha sido el abogado del expresident Matas, el que más tiempo ha permanecido en el interior del edificio. El último, el letrado que lleva la defensa del exsecretario de Ibatur, Miguel Ángel Bonet y del exgerente de la Fundación Illesport.
La Fiscalía Anticorrupción está abierta a llegar a acuerdos, que en el caso de penas elevadas implican el cumplimiento de una pena de prisión, el reconocimiento de los hechos y la entrega del dinero defraudado. Un acuerdo podría rebajar sustancialmente la pena para Matas, que se enfrenta a once años de cárcel, el acusado de la rama balear para quien se piden más años de cárcel. El exminstro ya consignó ante la Audiencia su Palacete en el centro de Palma, tasado en dos millones 700-mil euros, con el objetivo de reparar el daño.
Fuentes jurídicas señalan que la situación de Iñaki Urdangarin y su exsocio Diego Torres es la misma y que a esta hora, no han iniciado ningún movimiento de acercamiento a la Fiscalía. Esto puede cambiar en cualquier momento, ya que los acusados pueden alcanzar acuerdos hasta momentos antes de que se inicie el proceso.
Iñaki Urdangarin se enfrenta a 19 años y medio de cárcel, mientras que para su exsocio, la Fiscalía pide 16 años y medio de prisión. Ambos intentaron un acuerdo con el Ministerio Público hace unos meses que no llegó a fructificar, con el dinero a devolver como principal escollo.