La juez del caso Matadero retoma la instrucción con más testigos

Cádiz

La jueza del caso Matadero, el que investiga las presuntas irregularidades en la adjudicación de viviendas sociales en esta zona de la capital gaditana, ha retomado el caso con la llamada a declarar de nuevos testigos. La primera en hacerlo será este viernes Pilar Tubio, trabajadora social del Ayuntamiento y denunciante del caso. El lunes 25 están llamadas, en calidad de testigos, dos funcionarias, Fátima Salaverri, quien estuvo al frente de la Fundación de la Mujer, y Cándida Marín, actual gerente de la empresa de vivienda Procasa. 

Tras el cambio de titularidad en el juzgado de instrucción número uno de Cádiz, la magistrada Carmen Fornell retoma esta semana la investigación judicial iniciada para aclarar si pudo haber criterios políticos, en vez de técnicos, para repartir los pisos de Matadero, tal y como recogió en su denuncia la Fiscalía.

Según ha podido saber la SER, este viernes 22 de enero está llamada la trabajadora social Pilar Tubio, actualmente la presidenta del Colegio de Trabajo Social de Cádiz, quien declarará en calidad de denunciante y de testigo para ampliar el testimonio que, en su momento, aportó a la causa.

Según su declaración y de otros compañeros de oficina, la adjudicación de Matadero pudo hacerse con nombres cerrados y presiones a los técnicos, de ahí que la mayoría de viviendas se adjudicase no según criterios técnicos sino de excepcionalidad. Lo alertó la Asociación Proderechos de Andalucía, lo denunció el PSOE y lo asumió la Fiscalía, que vio posibles delitos de prevaricación en la actuación de las concejalas del PP, Mercedes Colombo y Carmen Sánchez.

Como testigos, y por tanto obligadas a decir la verdad, tendrán que comparecer en el juzgado el lunes 25 la que fuera gerente de la Fundación Municipal de la Mujer, Fátima Salaverri, apartada del cargo por el actual gobierno local; y Cándida Marín, actual gerente de Procasa.

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La instrucción se retoma tras practicarse nuevas pesquisas policiales en los últimos meses, como la que llevó el pasado mes de mayo a la Policía a reclamar documentación al Ayuntamiento de Cádiz, cuya entrega se retrasó porque, según explicaron los trabajadores, un virus informático había bloqueado el acceso a esta información.