La Junta, obligada a pagar la defensa de dos exaltos cargos investigados

Sevilla

Dos sentencias de dos juzgados de lo contencioso de Sevilla, que se pueden recurrir, obligan a la Junta a abonar los gastos de procurador y abogado de los exinterventores, Manuel Gómez y Juan Luque, "a medida que se vayan devengando". Esos honorarios serán los mínimos dentro del baremo establecido por el Colegio de Abogados de Sevilla, teniendo en cuenta que el letrado realizará todos los actos necesarios para ejercer el derecho de defensa. La Junta, en una orden de 2014, había establecido que sólo indemnizaría a los funcionarios cuando hubiera sentencia firme que fuera absolutoria y había establecido que, como máximo, pagaría a abogado y procurador 18.000 euros.

Los jueces explican que la postura de la administración, exigiendo al imputado que acredite su inocencia, "invierte la carga de la prueba y acaba vulnerando su presunción de inocencia". Y vulnera también, dicen, la "garantía de indemnidad patrimonial del afectado al tener que adelantar los gastos del proceso".

Las sentencias explican que en otros casos no han existido las limitaciones que concurren para estos investigados en el caso de los ERE.

La Junta quería subordinar el pago de la defensa a que fueran absueltos en sentencia firme pero los tribunales le dicen que debe hacerse cargo del gasto aunque termine sobreseído o archivado el caso para ellos por prescripción o por cualquier otro motivo contemplado en la ley. Estos dos fallos, dictados en base a jurisprudencia del Tribunal Supremo, establecen que la inculpación de estos funcionarios "tiene su origen en las actuaciones realizadas en función de su cargo".

Otra cosa será, que si son condenados la Junta inicie un procedimiento para reclamarles esas cantidades.

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El decreto del año 2000 que aprueba las funciones del gabinete jurídico de la Junta establece que los letrados defenderán a las autoridades y al personal al servicio de la Junta siempre que se trate de actos u omisiones realizados en el ejercicio de su cargo. Y si existe incompatibilidad por la posición procesal de la Junta, la Consejería competente podrá contratar los servicios profesionales necesarios para defender al trabajador.

En el caso de los ERE, la Junta actúa como acusación y, por tanto, su posición es incompatible con la defensa de los exaltos cargos investigados.

El exinterventor de la Junta entre 2000 y 2010 pidió al gabinete jurídico de la Junta que se ocupara de su defensa, cosa que le fue denegada. Lo mismo le ocurrió al exinterventor delegado de la Consejería de Empleo, Juan Luque. Estas resoluciones abren la puerta para que otros exaltos cargos reclamen también que la Junta les pague la defensa.