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CASO MADRID ARENA

La Fiscalía solicita 4 años de prisión para Flores por cinco homicidios imprudentes

El exceso de aforo, la falta de medidas de seguridad y la mala praxis profesional del servicio médico privado son las razones que esgrime el Ministerio Público para acusar a 15 personas

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink (i) y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, durante la rueda de prensa en la que han informado de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio del juicio del Madrid Arena / Emilio Naranjo (EFE)

El fiscal superior de la Comunidad de Madrid, Jesús Caballero Klink (i) y el fiscal jefe provincial, José Javier Polo, durante la rueda de prensa en la que han informado de la postura institucional de la Fiscalía ante el inicio del juicio del Madrid Arena

Madrid

En menos de 24 horas se inicia en la Audiencia Provincial de Madrid la vista oral por el denominado caso Madrid Arena. En el banquillo de los acusados se van a sentar 15 personas, entre ellas, el empresario Miguel Ángel Flores, organizador del concierto que acabó en una avalancha mortal.

La Fiscalía ha fijado este lunes su posición ante este juicio que va a desarrollarse por espacio de cinco meses. Una posición ya conocida puesto que la investigación judicial finalizó hace 16 meses.

De cualquier modo, el Ministerio Público señala que se trata de 5 delitos de homicidio por imprudencia grave al frente de los cuales se situaría el máximo responsable de la empresa DivierTT, Miguel Ángel Flores.

Para este acusado, la Fiscalía solicita 4 años de prisión por ese delito que habría causado la muerte a cinco chicas por aplastamiento tras quedar arrolladas por una avalancha humana.

Esa avalancha se habría producido, principalmente, por un exceso de aforo en el local. Presuntamente, Flores colocó en el mercado más de 23.000 entradas, cuando los permisos que solicitó para este concierto de la noche de Halloween de hace 3 años, marcaban la cifra de 7.000 personas como máximo.

Los doctores Simón y Carlos Viñals, que integraban el servicio médico privado, serían los responsables de dos delitos de homicidio por imprudencia grave profesional. Presuntamente no fueron capaces de diferenciar una parada cardio-respiratoria de un fallecimiento.

 
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