La economía sumergida, un mal mayor en la Comunitat

Comunidad Valenciana

La economía sumergida se extiende por la Comunitat, salpica a un buen número de sectores y Alicante sigue a la cabeza como la provincia española con más contrataciones fuera de la ley.

A pesar de que es difícil contabilizar hasta dónde llega el alcance de la economía sumergida, la secretaria de Acción Sindical de UGT, Marisa Baena, señala que las estadísticas fijan que entre un 25% y un 30% de los trabajadores no tienen contrato o realizan muchas más horas de las establecidas sobre el papel.

Unos porcentajes que superiores a los que se registran en el ámbito nacional y que además han empeorado con la crisis económica y, según Baena, con la reforma laboral. Añade que estas prácticas suponen la expulsión del sistema no sólo de trabajadores sino también de empresas. Por ello, afirma Baena que han solicitado al Consell, de una parte, medidas para atajar la situación y, de otra, que destine recursos a acabar con estas prácticas. Baena solicita incluso más recursos para la policía autonómica para actuar contra estos casos.

Tradicionalmente el sector del calzado en Alicante o el citrícola en toda la Comunitat han sido los que más economía sumergida registran, aunque esta tendencia ha variado y ahora hay más sectores como el turístico o el transporte que, según Baena, alcanzan cifras "realmente preocupantes".

Es decir, según UGT la economía sumergida se extiende ya a buena parte de todos los sectores económicos, con la provincia de Alicante encabezando el ránquin nacional de la economía sumergida. 

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Alicante, a la cabeza

De hecho, UGT denuncia que en la provincia de Alicante prácticamente todos los sectores conviven con la economía sumergida, que además va en aumento.

Oscar Llopis, secretario general del sindicato UGT en L´Alacantí y les Marines, señala que antes se hablaba de los sectores manufactureros como el textil, el calzado o el juguete como principales responsables de la economía sumergida, pero que desde hace tiempo se ha instalado en todos. Es más, afirma que se “está volviendo a los años setenta, momento en el que parecía normal la falta de cotización y de regulación del trabajo”.

Incide en el sector de la Hostelería donde el sindicato denuncia que además de que muchos trabajadores no están dados de alta, se produce fraude en la contratación, con contratos a tiempo parcial que luego se convierten al tiempo completo y en muchos casos, con exceso de horas.

Mantiene además Llopis que esta práctica se está generalizando en otros sectores, no solo la hostelería. Según Llopis, la práctica apunta hacia "que te contraten para un determinado y escaso tiempo de trabajo y a la hora de la verdad es a tiempo completo”.

Apunta el dato de que en la última década la media de infracciones era de 10 personas al día. Llopis subraya que la economía sumergida no es un mal menor, es un mal mayor que hay que atajar y para ello hay que dotar de más medios humanos y económicos a una Inspección de Trabajo que está desbordada.

La situación es insostenible, insiste, ya que en pleno siglo XXI no se puede permitir una situación que roza el esclavitud en una sociedad que presume de avanzada.