Aprobado el proyecto de ley para la renta social de 684 euros
La ayuda cuenta con 20 millones y se podrán beneficiar hasta 4.000 familias sin recursos
Cadena SER
Palma de Mallorca
El Consell de Govern ha aprobado este viernes el proyecto de ley para poner en marcha a partir del próximo año la renta social garantizada. Se trata de una ayuda con un presupuesto total para 2016 de 20 millones de euros y que se podrán beneficiar hasta 4 mil familias sin recursos.
La ley tendrá que ser debatida en el Parlament para su tramitación y aprobación por vía de urgencia.
La renta social garantizada, cuya implantación será progresiva y que podrá complementar otras prestaciones sociales o salarios por debajo del mínimo previsto en la nueva ley, comenzará a aplicarse el año próximo para familias con menores sin ingresos.
Por tanto, se prevé que entre 9.000 y 12.000 personas en riesgo de exclusión social se beneficien de la renta social garantizada, que estará dotada con una media mensual de 684 euros.
Por otro lado, el Govern ha aprobado un Plan de Financiación de los Servicios Sociales que ordena las aportaciones que, a través de los consells insulars, realiza el ejecutivo regional para los servicios sociales comunitarios básicos de los municipios.
Se destinarán 11,5 millones de euros de los que 8,9 millones corresponderán a Mallorca, 1,3 millones a Ibiza, 1 millón a Menorca y 160.000 euros a Formentera.
Por cierto, que el Govern ha anunciado este viernes la derogación de la Ley de Protección a la Maternidad por considerarla una normativa “ideológica que no contiene ninguna prestación social o económica de apoyo a la maternidad".
Dos apuntes del Consell de Govern, que será el último de este año, en lo sanitario el portavoz del Ejecutivo, Marc Pons, habla de normalidad durante estas fechas sobre todo en Navidad por la reapertura de los centros de salud por las tardes y destaca que durante estas tres primeras semanas de diciembre han pasado más de 31 mil pacientes.
Y en lo educativo, el Govern ha anunciado que va a interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo contra el Real Decreto que regula las características generales de las pruebas de evaluación final de sexto de Primaria establecidas en la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa, de la LOMCE.
