Vivienda y FOPA hacen “causa común” para exigir inversiones al Estado

Alicante

La consellera de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio, María José Salvador, ha comunicado hoy a la patronal de la obra pública de Alicante (FOPA) que "se aparcan" las inversiones en nuevas infraestructuras "hasta mejorar la financiación por parte del Gobierno central".

Es el mensaje que Salvador ha transmitido en el transcurso de un desayuno de trabajo a los miembros de la junta directiva de FOPA, quienes le han mostrado su respaldo para reclamar inversiones y una financiación justa en la Comunitat Valenciana por parte del Gobierno central, haciendo alusión a la "fuerza conjunta" y "causa común".

Salvador ha reconocido que las arcas de la Generalitat no permitirán inversiones ni en la provincia ni en la Comunitat en el próximo ejercicio. La prioridad será, por tanto, la rehabilitación urbana. Los constructores lo asumen y reclaman "dinero en obra pública" tan pronto como haya "un atisbo de luz".

Reconoce Salvador que la hipoteca hasta 2020 de proyectos de los gobiernos populares anteriores, como los del Plan Confianza, que se desembolsan aplazadamente hasta esa fecha mediante el conocido como "método alemán", lastran los actuales presupuestos. A ello se suma la nula inversión por parte del Ministerio de Fomento en la Comunitat en los últimos años. Por ello, el objetivo será reactivar todas las obras pendientes, muchas en la provincia de Alicante, y centrarse en la rehabilitación.

De hecho, la Generalitat invertirá en 2016 en mantenimiento de carreteras (con una subida de 10 millones de euros), vías cicloturísticas y en pantallas acústicas, así como en actuaciones pendientes del Plan Confianza, las cuales se pretende licitar, adjudicar y culminar antes de diciembre de 2016.

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Desde FOPA, su presidente, Javier Verdú, le ha mostrado su total apoyo para reivindicar "al Estado central" lo que le corresponde a la Comunitat. Habla de un 2015 "realmente malo" y "paralizado por las elecciones". En siete años, además, las empresas asociadas se han reducido en un 45% y sólo quedan 60 empresas, que sustentan entre 11.000 y 12.000.

Verdú, que ha repasado algunas de las infraestructuras que reciben desde años partidas "simbólicas" sin llegar a ponerse en marcha, como la variante de Benissa, el tercer carril de la A-7 entre Crevillent y Elche o la variante sur de Elche, ha confesado que las empresas esperan "como agua de mayo" que esas actuaciones se pongan en marcha.

Mientras tanto, se toman los presupuestos en rehabilitación de viviendas como un "complemento y ayuda importante", aunque "no la solución" a su problema.

La consellera también ha explicado las opciones para concurrir a las líneas de los fondos Feder 2014-20, ya que en 2016 se abrirá un periodo de revisión para que entren más proyectos. A ello se suman las posibilidades que ofrece el denominado Plan Juncker, que implica financiación público-privada en materia de rehabilitación energética.