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EL RETO DEL PGOM

La Xunta recomienda la modificación puntual para proyectos estratégicos de Vigo

La Secretaria Xeral de Urbanismo asegura que la tramitación es más corta que la declaración supramunicipal

Un momento de la reunión entre Xunta y colectivos sociales y económicos de la ciudad de Vigo / Xunta de Galicia

Un momento de la reunión entre Xunta y colectivos sociales y económicos de la ciudad de Vigo

Vigo

La Xunta de Galicia sigue trabajando de cara a buscar una solución adecuada a la anulación del plan general de Vigo. Esta mañana el delegado autonómico y la directora xeral de urbanismo se han reunido con colectivos económicos y sociales de la ciudad para analizar esta situación. Colectivos entre lso que están Zona Franca, Puerto de Vigo, empresarios, asociaciones vecinales, grupos municipales de pp y marea (ningún representante del PSOE vigués) e incluso el juez decano de Vigo… todos ellos se han reunido esta mañana en la delegación viguesa de la Xunta de Galicia de cara a estudiar y analizar el estado de algunos de los principales proyectos que estaban proyectados para Vigo al amparo del Plan General del 2008 y que ahora quedan en suspenso tras la anulación por parte del Tribunal Supremo. Un encuentro en el que la directora xeral de orfdenación del territorio explicó que si Xunta y Concello se coordinan de manera adecuada, esta situación podría estar resuelta en un plazo de dos años.

Uno de los principales escollos con los que se va a encontrar el equipo redactor del plan es el de la adaptación del documento a la ley de ordenación del litoral, conocida como ley de costas y también a la nueva ley do solo que se aprobará próximamente. Mientras tanto, la Xunta apuesta más que por la declaración de interés supramunicipal de los proyectos estratégicos por la que abogó el alcalde, por hacer modificaciones puntuales del plan del 93 que, teniendo en cuenta el trabajo ya hecho, podrían estar aprobadas en unos seis meses.

En cualquier caso, ahora lo que toca es mejorar la comunicación entre las dos administraciones, la local y la autonómica para moverse con la mayor agilidad posible y dotar de nuevo de seguridad jurídica al urbanismo en la ciudad.

 
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