Los colectivos por la memoria histórica piden plazos para que se cumpla la Ley

Cartagena

La Ley de Memoria Histórica se aprobó en 2007 y poco se ha avanzado en su cumplimiento. ¿EL problema? El texto no marca plazos y muchas administraciones se aferran a eso para no actuar. Esa situación es la que preocupa a los colectivos por la Memoria Histórica de la Región de Murcia y así se lo han transmitido hoy a todos los partidos políticos con representación en la Asamblea.

Ése era precisamente "el punto débil" de la Ley, en palabras de Pedro Pina, presidente de la Asociación Local de Murcia por la Memoria Histórica, y por eso, según él, "ocho años después sigue habiendo muchos símbolos franquistas a lo largo de la geografía española".

Según Pina, casi una década después del impulso de esa Ley, la mayoría de los ayuntamientos no han hecho nada en lo que se refiere a "la revisión del callejero y simbología, la identificación de las fosas y cadaveres que se encuentran en ella, o la rehabilitación de espacios donde hubo represión, tortura y desaparecidos". De este último punto, cree que habría que seguir "el modelo europeo y convertirlos espacios de memoria".

En este encuentro con diputados han asistido representanes de colectivos por la Memoria Histórica de Murcia, Cartagena, Calasparra o Cieza, que han hecho presentado un dossier con los elementos de la dictadura que a día de hoy son visibles y quieren que sean retirados.

Además, se creará una comisión interparlamentaria en la que estos colectivos tendrán cabida junto a los partidos del arco parlamentario para supervisar el cumplimiento de esta Ley.

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 En la Región de Murcia, ayuntamientos como el de Cartagena, San Javier o Blanca han decidido en los últimos meses dar el paso necesario para cumplir con el artículo 15.1 y han anunciado que cambiarán los nombres de calles y espacios públicos con alusiones a representantes del régimen franquista.

Desde la Asociación por la Memoria Histórica de Cartagena, su secretario, Bernardo Sánchez, no sólo circunscribía el cumplimiento de la Ley a las "90 calles, bustos, monumentos y nombres franquistas", sino también a "aspectos honoríficos que también deben ser desterrados", refiriéndose en este caso a la Medalla de Oro concedida por la ciudad portuaria a Franco en 1957 y que el propio dictador recibió en el Palacio Consistorial.