El Supremo anula el PGOU de Marbella que legalizó las viviendas irregulares
En tres sentencias el alto tribunal señala que ni la Junta ni el Ayuntamiento, a través del planeamiento, eran competentes para regularizar lo ilegalmente construido
CADENA SER
Málaga
En tres sentencias hechas públicas hoy, el Supremo estima los recursos de una comunidad de propietarios y dos sociedades contra otras tantas sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que rechazaron sus impugnaciones contra dicha revisión. Las tres sentencias llegan a la misma conclusión de anular la revisión del PGOU marbellí, por varios motivos, como que no correspondía al ámbito de potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido; no cumplir las normas de evaluación de los efectos medioambientales; y la ausencia de un informe de sostenibilidad económica.
El alto tribunal comienza señalando que es consciente de “la situación de generalizada ilegalidad urbanística existente en el municipio de Marbella, como consecuencia de las numerosas actuaciones llevadas a cabo al margen ---o contra--- lo previsto en el anterior PGOU del municipio de 1986”. “Igualmente ---dada la generalizada amplitud de ilegalidad--- somos conscientes de la excepcionalidad de la situación creada, con repercusiones en el ámbito de la gestión política de la ciudad ---llegando la misma a ser intervenida en virtud del Real Decreto 421/2006, de 7 de abril, que dispuso la disolución del Ayuntamiento de Marbella---, y con consecuencias en el ámbito de la jurisdicción penal, en el que se han producido condenas de regidores políticos de la ciudad, funcionarios del propio Ayuntamiento y promotores urbanísticos”.
También se declara consciente del intento municipal --y autonómico-- para la regularización del modelo urbanístico de la ciudad, plasmado en la Revisión del PGOU pero, a pesar de la expresada situación de excepcionalidad urbanística, y a pesar del loable intento normalizador, destacan que su obligación es el control de la legalidad de la revisión de 2010, y lo anulan por las siguientes razones:
--- No corresponde al ámbito de la potestad de planeamiento modular la legalización de lo ilegalmente construido.
--- No está en manos del planificador alterar o desfigurar el concepto de Suelo Urbano Consolidado.
--- No resulta jurídicamente posible proceder a la alteración por el planificador de los mecanismos legales de responsabilidad por el incumplimiento de los deberes urbanísticos, considerando como principio esencial la atribución de la misma a los promotores de las construcciones en contra de lo previsto en el artículo 19 del Texto Refundido de la Ley del Suelo de 2008.
--- Igualmente carece de apoyo la exigencia de nuevas prestaciones que alteran el equilibrio del derecho de propiedad y que además dependen de la modulación del nivel de legalización realizado por el propio planificador.
--- No queda cumplida la exigencia de la directiva europea sobre evaluación medioambiental, ya que el estudio que consta no analiza las posibles alternativas a la finalmente propuesta, ni siquiera las identifica.
--- Ausencia de informe de sostenibilidad económica.
REACCIONES
La decisión del Supremo supone todo un varapalo al plan diseñado por la Junta que ha pillado por sorpresa al ayuntamiento de Marbella.
El alcalde, José Bernal, señala que un gabinete de crisis ya está estudiando la sentencia del Supremo para conocer los efectos de la anulación de Plan General y lanza un mensaje de tranquilidad a vecinos e inversores.
La asesoría jurídica del ayuntamiento de Marbella estudia los posibles efectos de la sentencia antes de dar cualquier paso, para lo que pretende ir de la mano de la Junta de Andalucía.
José Bernal, alcalde de Marbella asegura que el consistorio: “Va a esperar a lo que dicen los que conocen la materia y cualquier actuación política que se lleve a cabo se hará con el resto de las administraciones, la principal la Junta de Andalucía”.
Sobre las cerca de 18 mil viviendas legalizadas en este plan que ahora anula el Supremo, Bernal entiende que esa legalización se ajusta a derecho y lanza un mensaje de tranquilidad a vecinos a inversores: “Son hechos ajustados a derecho en los últimos años y entendemos que eso forma `parte de la fisonomía urbanística de la ciudad pero no quiero entrar en posicionamientos técnicos porque no me toca. Mi obligación es trasladar tranquilidad y estabilidad a los marbellíes y a quien viene a invertir en materia urbanística en el municipio. Un documento no garantiza estabilidad urbanística sino un gobierno serio y coherente”.
