La Memoria Histórica se estudiará en colegios e institutos de Andalucía
El proyecto de Ley de Memoria Democrática en Andalucía inicia su trámite parlamentario en los mismos términos redactados en su día por Izquierda Unida
Sevilla
El Consejo de Gobierno ha dado luz verde al proyecto de ley de Memoria Democrática, que inicia su trámite parlamentario en los mismos términos redactados en su dia por Izquierda Unida y presentados en enero de 2015 por el entonces vicepresidente de la Junta, Diego Valderas, antes de la ruptura del pacto de gobierno entre el PSOE y la formación de izquierdas.
Dicho texto propone, entre otras cosas, que los planes de enseñanza de Primaria, Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Educación Permamente de Adultos incluyan contenidos obligatorios relacionados con la Memoria Democrática, aunque no sea expresamente como una asignatura independiente evaluable.
Se revisarán los textos escolares para que ofrezcan información rigurosa sobre los acontecimientos ocurridos antes y después de la Guerra Civil, con contenidos basados en la investigación historiográfica. Asimismo, se impulsará la colaboración con las universidades andaluzas para que incorporen esta materia a sus planes de estudio.
La Ley también sigue las recomendaciones de la ONU, amplía el horizonte temporal de la legislación estatal e incluye la Transición hasta la entrada en vigor del estatuto de autonomía, desde 1931 hasta 1982. La ampliación del ámbito temporal hasta 1982 permitirá, entre otras cosas, incluir entre las víctimas a Manuel José García Caparrós, que murió por un disparo de la policía en la manifestación de 1977 en Málaga para reclamar la autonomía plena.
En su trámite parlamentario, la norma puede sufrir modificaciones. El texto actual permite a la Junta ocupar terrenos para exhumar fosas comunes y amplía la consideración de víctima a colectivos como los bebés robados, a quienes padecieron en campos de concentración nazis y a personas que sufrieron especial persecución como homosexuales o mujeres vejadas.
También fija como infracciones muy graves con multas de hasta 150.000 euros remover o construir sobre terrenos donde haya fosas. Y como graves, con multas de hasta 10.000 euros, el incumplimiento de los ayuntamientos en la retirada de los símbolos franquistas.
La ley reforzará el régimen de protección legal de los espacios, enclaves y bienes muebles y documentales vinculados a la recuperación de la memoria democrática, y facultará a la Junta para emprender acciones y denuncias de crímenes ante los juzgados, de acuerdo con el principio de justicia universal.
De acuerdo con los ayuntamientos, se prevé la elaboración de un censo de carácter público, iniciativas de dignificación de las fosas comunes y el establecimiento del 14 de junio como día de recuerdo y homenaje a las víctimas.
Otra de las novedades recogidas es la atribución a la Junta del deber de denunciar ante los órganos judiciales la existencia de indicios de comisión de crímenes de lesa humanidad en las localizaciones o identificaciones de víctimas.
