Suspendido de nuevo el desalojo de la calle Macasta
(EP)
Sevilla
El Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla ha suspendido las órdenes de desalojo dictadas para este viernes sobre tres inquilinos del número tres de la calle Macasta, en pleno casco histórico de Sevilla, a cuenta de la denuncia promovida en su contra por el presunto impago de sus rentas de alquiler. Uno de los afectados, por cierto, era Juan Bautista, el anciano de casi 80 años de edad cuya primera orden de desalojo ya fue suspendida el pasado 23 de septiembre por la citada instancia judicial.
Todas las viviendas del número 3 de la calle Macasta, según los afectados, pertenecen a un privado identificado como Ángel Abascal Jiménez, quien según exponen posee numerosas viviendas en el casco histórico de Sevilla, por ejemplo en las calles Cetina, Cervantes o Jesús del Gran Poder. Juan Bautista, de unos 80 de años de edad y una palpable fragilidad física, reside junto a su amigo Valentín en la vivienda de la planta baja del número 3 de la calle Macasta "desde hace 17 años", procedente por cierto de un inmueble de la calle Cetina también propiedad de Ángel Abascal, según su relato.
Mientras el propietario del edificio habría denunciado ante el Juzgado de Primera Instancia número 22 de Sevilla el supuesto impago de las rentas de alquiler en el que habrían incurrido estos inquilinos; Juan Bautista, Valentín y Emilio, ellos argumentan que el casero "se niega a cobrar" las rentas de alquiler y cuando las ha cobrado "no daba los recibos" a sus inquilinos, porque todo era "de palabra". Juan Bautista, de nuevo, ha mostrado a los medios de comunicación su vivienda, en un estado deplorable, repleta de humedades, desprendimientos y hundimientos, con un mobiliario doméstico directamente vetusto, y junto a Valentín acusaba a su casero de "abandonar" la conservación del edificio, que presenta claras deficiencias.
El Ayuntamiento hispalense movilizó de nuevo a su Unidad Municipal de Intervención en Emergencias Sociales (Umies) y ha ofrecido a dos de los afectados la opción de contar con plazas en un centro de acogida de carácter público, estudiando para uno de ellos una plaza en una residencia atendiendo a su situación de exclusión social. El tercero de los afectados, según el Ayuntamiento, estaría siendo reacio al procedimiento de atención social municipal. Este último caso sería el de Emilio.
