Más presupuesto y más personal para agilizar el Ingreso Aragonés de Inserción
El Departamento de Ciudadanía tramita una modificación de 2'5 millones del presupuesto
Protesta de los trabajadores del COA / Lorena Ruano
Zaragoza
La consejera de Derechos Sociales y Ciudadanía, María Victoria Broto, ha anunciado una modificación presupuestaria de 2 millones y medio de euros para acelerar el pago del Ingreso Aragonés de Inserción. Broto ha insistido en la Cadena SER Aragón que mejorar este Ingreso es la prioridad de su departamento.
"Vamos a hacer una modificación presupuestaria, ya la estamos tramitantdo", ha apuntado Broto, "para pagar el Ingreso Aragonés de Inserción, que es uno de los asuntos que quiero resolver de inmediato". Además, Broto ha añadido que está en marcha un proceso de contratación de 4 auxiliares administrativos y 6 trabajadores sociales "para agilizar los expedientes".
Sin embargo, a medio plazo, la intención es crear una nueva Ley de Renta Básica que sustituirá al Ingreso Aragonés de Inserción y al Ingreso de Integración Familiar. Se tratará de que "todas las familias aragonesas vivan con un mínimo de dignidad". Así, el nuevo ingreso se destinará a quienes necesitan participar en un proceso de inclusión, pero también a aragoneses que tienen trabajos que no cubren sus necesidades básicas.
Protesta de los trabajadores del COA
Los trabajadores del Centro de Acogida de menores seguirán de huelga si el gobierno de Aragón no declara nula la adjudicación de la nueva contrata. Así lo han vuelto a repetir una vez más en la protesta que han protagonizado a las puertas del IASS en la que han asegurado también que el ejecutivo, si quisiera, podría dar marcha otras.
Cerca de 100 personas pedían esta rectificación. Dicen que lo mejor es empezar el proceso de nuevo con unas condiciones dignas para los chavales y para los trabajadores. Si esto no se resuelve, el 1 de septiembre, fecha de entrada de la nueva contrata seguirán de huelga.
Ante esto la consejera Marivi Broto, reconocía que a su llegada se encontró con los pliegos hechos, pendientes de firma. Descarta la posibilidad de revocar esta decisión porque podría incurrir en un delito de prevaricación pero se comprometía a garantizar la atención de los menores.
