Los ingenieros defienden la presunción de inocencia en el 'caso Aznalcóllar'
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur lamenta el "estado de ansiedad" que este proceso judicial ha generado entre los ingenieros que participaron en la adjudicación y pide celeridad en la instrucción del caso
Sevilla
El Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Sur ha defendido en un comunicado el principio de presunción de inocencia de los funcionarios ingenieros de minas que han intervenido en la elaboración del estudio técnico previo a la adjudicación de la mina de Aznalcóllar.
En este comunicado, que ha elaborado "ante la repercusión mediática alcanzada por el proceso de adjudicación pública del derecho de explotación de la mina de Aznalcóllar", el colegio de Ingenieros considera que se vulnera este principio constitucional "perjudicando gravemente su honorabilidad".
Manifiesta además su preocupación "ante la frecuencia con la que se acude a la vía penal para dirimir cuestiones de naturaleza civil o administrativa, con la consecuencia añadida de su repercusión en la opinión pública" porque entienden que se favorece la aparición de juicios paralelos y se lesionan derechos legítimos de las personas afectadas.
El comunicado señala además "el estado de ansiedad y el daño irreparable que este proceso ha provocado en los funcionarios afectados y en sus familias" y le aconseja "el máximo esfuerzo" al órgano instructor a la hora de finalizar en el menor plazo posible la fase de investigación. Advierte además de la repercusión que tiene este proceso para la imagen del sector minero en "un momento crítico" de búsqueda de inversiones para el desarrollo de nuevos proyectos.
Por último, reconoce la labor desarrollada habitualmente por los ingenieros de minas integrados en defensa del desarrollo de la industria minera, lo que favorece, según explica el comunicado, la creación de puestos de trabajo y la potenciación económica de la comudad. Aún así, añade que "deben depurarse las responsabilidades que sean pertinentes", en el supuesto de que en la fase de investigación resultase probado la existencia de errores en el citado proceso de adjudicación.
