La empresa municipal de Alcalá, ACM, hizo facturas falsas, según el atestado policial

Sevilla

La empresa municipal de Alcalá de Guadaíra Alcalá Comunicación Municipal (ACM), que está siendo investigada por un juzgado por supuesta malversación de caudales públicos y falsedad documental, ha coaccionado o ha actuado en connivencia con sus proveedores y clientes mientras existió. Con estos métodos supuestamente realizó una facturación falsa entre 2004 y 2011, según concluye la Guardia Civil en el atestado que ha entregado en el juzgado de instrucción 2 de Alcalá. A la vista de este resultado, la Fiscalía ha pedido que declaren como imputados los que fueron responsables de ACM, entre ellos el contable, Javier Luque, que destapó estas prácticas con una grabación entregada en la Fiscalía.

"Lo grabado se ajusta a la verdad", afirman los investigadores. Las irregularidades estaban plasmadas en la contabilidad y "no hubieran ocurrido sin la presión, connivencia y/o directrices dadas por el gerente", José Luis Díaz, según refleja este atestado. Un documento que también explica que los hechos denunciados fueron comunicados al alcalde del PSOE, Antonio Gutiérrez Limones y el presidente del partido en la localidad, Bernabé Gámez.

La jueza, Laura Ruiz, ha citado a declarar como testigos a los proveedores de ACM que ya han declarado ante la Guardia Civil. También solicita a los agentes que identifique a todas las personas que han formado parte de los consejos de administración de la empresa municipal desde 2007. Esta sociedad entró en concurso de acreedores y se disolvió.

El informe policial asegura que Alcalá Comunicación obligaba supuestamente a sus proveedores a facturar dos veces por el mismo concepto, o bien a facturar por servicios no prestados, o a facturar muy por encima del precio del servicio prestado para luego devolver en metálico a los responsables de ACM parte del dinero.

El fin último de estas conductas, dice la Guardia Civil, era la malversación de fondos públicos. La gestión de la sociedad municipal, según los investigadores, "está más próxima a los comportamientos mafiosos que a lo que debe ser la gestión de una empresa pública". Y la responsabilidad de esta situación "es de los gerentes de ACM, de los consejos de administración y de la mayoría del pleno que le inyectaba dinero". Nadie tomó "las más mínimas medidas de control para evitar lo ocurrido", según se desprende de la investigación y recoge el informe que ha llegado al juzgado de Alcalá.

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